a no aguantamos esto que nos está haciendo el presidente (Andrés Manuel López Obrador): vamos a ir a detonar Palacio Nacional”, le habrían dicho hace mes y medio tres presuntos agentes de la Policía Federal (inconformes con el proceso que los habría llevado a la Guardia Nacional o a buscar una liquidación justa) al abogado Enrique Carpizo Aguilar, luego de mostrarle una maleta en la que decían tener unos 3 kilogramos del explosivo plástico denominado C-4. Con un poquito de ese material de uso bélico, habían explicado a Carpizo sus visitantes de madrugada, se podría destruir todo un edificio (https://bit.ly/32Puuck).

Carpizo, quien es litigante de una parte de los policías federales en protesta, fue entrevistado en el programa de 1 a 3 de la tarde de La Octava (la nueva plataforma del Grupo Radio Centro que combina radio, televisión abierta e Internet): entre esos manifestantes, había apuntado, hay explosivistas, francotiradores, intervencionistas; hay gente muy preparada. No presentó denuncia ante una agencia del Ministerio Público, pero asegura que dio parte o comentó del asunto a un auxiliar del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdejo, subordinado de Alfonso Durazo Montaño.

Según Carpizo, la autoridad le dijo: aguanta, vamos a investigar. Nada han informado al respecto Durazo ni Mejía. El abogado que comparte la revelación dice que no volvió a ver a esas personas. En todo caso, asegura que él informó y disuadió. No sólo en esa ocasión: sucedió también cuando los agentes federales dijeron que querían brincar las cercas del aeropuerto, incendiar y hacer un desastre.

Negó Carpizo cualquier militancia partidista o relación con grupos políticos de poder; su tío, Jorge Carpizo MacGregor (relevante personaje en la política de la UNAM y del gobierno salinista) fue primo segundo del papá del ahora declarante, pero asegura que no hubo ni hay implicaciones políticas derivadas de ese parentesco. Por otra parte, afirma que en actuales mandos medios de la Policía Federal, algunos provenientes de administraciones como la calderonista, hay maniobras para entorpecer las negociaciones y la ejecución de estas, con el fin de que un problema grave le estalle al presidente López Obrador.

En la Universidad Nacional Autónoma de México hubo un ataque perpetrado por personas encapuchadas que llegó al extremo de tirar e incendiar una bandera nacional y saquear una librería. Hubo además pintas, lanzamiento de bombas molotov, rotura de vidrios y otras acciones que se han vuelto frecuentes cuando aparece este tipo de grupos.

La violencia de esta veintena de embozados relevó a segundo término la manifestación pacífica en demanda de soluciones reales y a fondo al problema de acoso sexual y violencia de género contra mujeres en el ámbito universitario. Esta exigencia ha provocado que estén en huelga las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y Estudios Superiores, campus Cuautitlán.

En la cámara de Diputados deberá resolverse hoy el difícil tema del presupuesto de egresos para el año entrante. Hoy podría resultar, para dichos legisladores, un concepto estirable casi a niveles de ciencia ficción: cuando los problemas se entrampan y no basta el plazo natural que cada 24 horas da por consumado un día, se recurre al truco del reloj legislativo, que por acuerdo de las cúpulas políticas puede extender al infinito el tiempo o, más en concreto, hasta que lleguen a algún acuerdo o pasen al seco escenario de votar al costo que fuera.

Las protestas, sobre todo de grupos campesinos, y el cerco en torno a San Lázaro podrían llevar incluso a otro recurso: sesionar en una sede alterna. En todo caso, la definición del dinero público a ejercer en 2020 está aumentando la rispidez política. ¡Hasta el próximo lunes!

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