Los derechos humanos de las mujeres son ignorados y violentados en la normatividad vigente de las instituciones públicas de educación superior del país, quienes presentan un promedio apenas de 8.70 por ciento en la armonización de su legislación interna, respecto del nuevo contexto constitucional en materia de derechos humanos y de la equidad y paridad de género, señaló un análisis realizado por la organización Otro Tiempo México.

Elaborado bajo encargo de la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa, el estudio incluye el análisis de 688 normas vigentes en las 165 instituciones públicas afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), y concluye que existe una grave omisión normativa que está teniendo consecuencias importantes, a tal grado que ubica este hecho como una situación similar a la alerta de género.

De esta forma se concluyó que en las normas de estas instituciones, prácticamente es inexistente la paridad de género; la exigencia de la no discriminación contra las mujeres; la visibilización, atención, sanción y erradicación del acoso en cualquiera de sus tipos, así como del hostigamiento, situación que genera y reproduce una grave cultura de la impunidad y la imposibilidad de la reparación del daño, entre muchas otras consecuencias.

El documento de 429 páginas señala que los ámbitos universitarios, como el resto de las instituciones sociales, no están exentos de prejuicios, discriminaciones en función de la raza, el sexo, la orientación sexual, las creencias religiosas o las condiciones sociales. Incluso, añade que esta falta de armonización revela un machismo y actos de acoso dirigidos particularmente contra las mujeres.

También afirma que la carta firmada entre Anuies, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el gobierno federal de la pasada administración, en donde las casas de estudio se comprometieron a llevar a cabo seis estrategias de promoción y defensa de las garantías básicas, no ha tenido cumplimiento en lo relativo a la armonización normativa, así como con el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

De acuerdo con los resultados del análisis, las instituciones públicas de educación superior de los estados de Baja California, y Baja California Sur, son las peores evaluadas, con 2.31 y 2.56 por ciento de la actualización en sus normas, seguidas por las de Coahuila y Morelos, que no llegan siquiera a 4 por ciento. Las instituciones de la Ciudad de México y Zacatecas, con 15 y 14.7 por ciento son las de mejor puntaje.