Río De Janeiro. Luego de una sesión que se prolongó más de siete horas, con dos intervalos –uno anunciado como de 30 minutos, pero que duró 48, y otro, de 10, que duró 15–, el Supremo Tribunal Federal adoptó una decisión que tendrá influencia directa sobre la situación del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Por seis votos a cinco, la corte suprema decidió que Lula puede pedir ser liberado hasta que se agoten todos sus recursos en la instancia máxima de la justicia brasileña, es decir, la misma corte.

Al comenzar ayer la sesión decisiva del pleno del Supremo Tribunal Federal faltaban cuatro de un total de 11 votos para definir si una persona sentenciada en segunda instancia puede ser encarcelada (las excepciones son, por ejemplo, crímenes como asesinato, violación y secuestro).

De los cuatro votos pendientes, tres ya eran conocidos: la ministra Carmen Lucia votaría a favor de mantener la prisión a partir de la condena en segunda instancia, mientras Celso de Mello y Gilmar Mendes votarían en contra.

La gran duda era el voto de José Dias Toffoli, presidente del máximo tribunal, quien precisamente por ocupar este cargo, fue el último en votar.

Con una exposición extremadamente larga, de más de una hora de duración, su voto dio paso a la mayoría que podrá beneficiar al ex presidente Lula.

A propósito, es rutina en la corte suprema brasileña que los votos de cada uno de los 11 integrantes sean larguísimos, con infinidad de citas en latín o alemán para demostrar erudición.

Ayer, esa rutina se extendió mucho más allá de lo normal, reforzando la tensa expectativa alrededor de la sesión, que culminó con un resultado que podrá beneficiar a Lula da Silva.

Pero si el ex presidente era el centro absoluto de atenciones y expectativas, esta decisión de la corte suprema podrá afectar el destino de alrededor de 5 mil presos.

Lula se encuentra detenido desde abril del año pasado, luego de un juicio plagado de irregularidades en el que fue condenado sin prueba alguna en la llamada Operación Lava Jato (Lavado Rápido).

El polémico magistrado Gilmar Mendes reiteró en su exposición críticas contundentes a la operación Lava Jato conducida por el entonces juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y coordinada por el fiscal Deltan Dallagnol. De cierta manera, el caso de Lula mostró cómo el sistema (judicial) funciona mal, sostuvo, para luego agregar: “Y todavía no me refiero a Intercept…”, en referencia al material divulgado por la publicación digital del periodista estadunidense Glenn Greenwald que reveló cómo el verdadero coordinador del trabajo de la fiscalía contra Lula da Silva ha sido el entonces juez Moro, conductor del juicio.

Más tarde, en una intervención durante el voto del presidente Dias Toffoli, el mismo Mendes volvió a criticar duramente la actuación de los fiscales de Lava Jato.

Celso de Mello, el más antiguo integrante de la corte, ya en el principio de lectura de su voto dejó clara su postura, al manifestar que la decisión que sería adoptada involucra el derecho fundamental de la presunción de inocencia. Aclaró que no leería totalmente su voto, pero daría un resumen, mismo que le llevó más de una hora de lectura.

En sus argumentos, Dias Toffoli utilizó un dato que deja en claro la situación judicial: de los 845 mil presos existentes en Brasil (la tercera mayor población carcelaria del planeta) 354 mil no fueron condenados siquiera en primera instancia.

Para contrarrestar la fuerte campaña derechista, con respaldo de los grandes medios de comunicación, que decía que con el fin de la prisión luego de sentencias dadas en segunda instancia, cientos de miles de criminales serían liberados, Dias Toffoli destacó que de ese universo carcelario los que eventualmente se beneficiarían de la medida adoptada ayer rozan la cifra de 5 mil.

Hasta ahora, el ex presidente había señalado que no aceptaría ninguna otra medida que no sea la anulación de su juicio, a raíz de las irregularidades y manipulaciones. Quiere que se le declare inocente y que se abra un juicio nuevo, partiendo de cero.

En su partido, el PT, hay líneas divergentes. Un sector dice que Lula debe salir de la forma que sea, aunque con sus derechos políticos suspendidos hasta la decisión final de la corte suprema, para volver a unir a una izquierda que desde la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro se encuentra sin norte ni rumbo, con un único proyecto: llevar hasta el final la campaña Lula Livre.

Otro sector defiende que Lula no salga hasta ser declarado inocente y que su juicio sea anulado. De esa forma abandonaría la cárcel con sus derechos plenamente recuperados.

La defensa del ex presidente, el bufete Teixeira Martins, que destacó que lleva 579 días injustamente preso, anunció: una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base en el resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal.

Los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska T. Martins reiteraron que Lula no ha cometido ningún delito y es víctima de la ley y, en este caso, del uso estratégico de la ley con el propósito de persecución política.