a transformación jurídica procesal se da en muchas materias. Se pretende superar los sistemas tradicionales, algunos criticados por políticos, para modernizar los procedimientos con referencia a los derechos humanos.
Los abogados deben adaptarse. Tanto el servidor público como el litigante.
El cambio central es de un procedimiento escrito a uno oral donde el juez decide ante las partes, con base en los planteamientos realizados públicamente, si cumplen con los nuevos requerimientos procesales.
Primero fue la materia penal. Apenas se ven los resultados. En materia de seguridad pública no son los esperables, pero hay otros resultados positivos. Ello se debe, en buena medida, a las defensorías públicas.
Ahora toca implementar la reforma laboral, donde no sólo cambiaron los procedimientos, también se modificaron derechos y obligaciones de sindicatos, trabajadores y patrones. Las defensorías públicas tienen un reto mayor, especialmente ante la existencia de las Procuradurías de la defensa del trabajo, algunas especializadas según el fuero y tribunal, como las burocráticas. Muy poco reconocimiento se da a tales entidades públicas. Sin duda, para los defensores públicos, profesionales comprometidos (y muy vigilados administrativamente), su labor es gratificante, pero suelen enfrentar el reto de la falta de recursos materiales y de capacitación debida. Mientras la Unidad de implementación de la reforma laboral del Poder Judicial Federal ha trabajado meses en ello, muchas defensorías estatales apenas han planificado su futura actuación.
El Poder Judicial Federal ha dado capacitación abierta en todos los estados de la República. Con casi 7 mil abogados inscritos en la primera etapa, para la segunda etapa que iniciará este mes se prevé una inscripción que quintuplique ese número, por la mayor difusión de tal curso.
Falta definir el destino de los procuradores de la defensa del trabajo, para ver si se convierten en defensores públicos o se mantienen, sin duplicar funciones entre las procuradurías y las defensorías.
Será imprescindible que la reforma laboral permita contar con servidores públicos que den a la población trabajadora la oportunidad de ejercer sus nuevos derechos individuales y colectivos, de otra forma se tratará de un cambio en la ley sin repercusión real.
* Juez 26 Familiar en la CDMX
