El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, presentó al Congreso capitalino un proyecto de presupuesto para 2020 por 12 mil 761 millones 200 mil pesos, 107.7 por ciento más del que le fue autorizado para este año.

Explicó que sólo para la instalación y operación de la Sala Constitucional y los juzgados de tutela, que deberán crearse por mandato de la Constitución Política local, se requieren unos 500 millones de pesos.

La Sala Constitucional, órgano jurisdiccional especializado que se encargará de interpretar la Constitución capitalina, dirimir controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, conocer de las impugnaciones contra resoluciones de los juzgados de tutela y declarar la procedencia y validez de procesos de referéndum, debe instalarse el primero de diciembre.

En el caso de los juzgados de tutela que se deberán instalar en las 16 demarcaciones territoriales a mediados del próximo año y tendrán competencia para conocer de reclamaciones por la violación de derechos previstos en la Constitución, Guerra adelantó que en su proyecto plantea crear 16 en cada alcaldía y seis más distribuidos en las que se genera el mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos, como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, según la estadística de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

Tengan por seguro que el ciudadano va a ir a buscar la justicia local judicial en lugar de ir a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque en este caso va a tener efectos de ejecución, a diferencia de la autoridad administrativa, .

Reducir cargas de trabajo

Agregó que además se tiene planeado crear 20 juzgados de lo familiar y 26 en materia civil, para reducir la carga de trabajo que enfrentan. En el primer caso, refirió que cada juez tiene un promedio de mil asuntos por año y con la veintena que se pretende crear se va a reducir 50 por ciento dicha carga.

Señaló que en la actualidad, 80.7 por ciento del presupuesto se va a la nómina de sus 10 mil 863 empleados y el incremento solicitado a su presupuesto se destinaría también en mayor parte a servicios personales ante un incremento considerable de personal administrativo que implica la creación de nuevos juzgados. Refirió que el presupuesto de este año es para 11 mil 800 empleados, pero por razones de austeridad no se ocuparon esas más de 900 plazas y se decidió reservarlas para crear nuevos juzgados el próximo año.

Además del presupuesto requerido por el TSJ para el próximo año, en el caso del Consejo de la Judicatura, órgano de administración, control, vigilancia y disciplina de la actividad jurisdiccional, el magistrado solicitó un presupuesto de 272.84 millones de pesos para sus funciones ordinarias, unos 80 millones más de los 192.51 millones que le fueron autorizados para ejercer en este año.