Chilpacingo, Gro., En las instalaciones de los servicios médicos forenses (Semefo) de México hay más de 30 mil cadáveres y un número indeterminado de restos óseos sin identificar, que hasta ahora no han sido reclamados, anunció Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Señaló que el país enfrenta una crisis en materia de identificación forense debido a que las morgues carecen de fondos, de empleados y de equipo para examinar en forma adecuada los restos humanos.

Estos datos forman parte de las 42 conclusiones y propuestas del Informe especial sobre la situación que en materia de personas desaparecidas y delitos vinculados impera en Chilapa de Álvarez, que comprende del 1º de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2018.

En el encuentro, realizado en Casa Guerrero, participaron el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez; el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, e integrantes del colectivo Siempre Vivos de Chilapa.

González Pérez destacó que desde hace 10 años Guerrero está inmerso en un clima de violencia e inseguridad que priva en regiones como Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo e Iguala, lo que ha derivado en un número importante de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado de familias.

Eslava Pérez planteó que en el caso de Chilapa se debe favorecer que las autoridades procedan a la identificación forense de todos los cuerpos y/o restos conforme a los estándares internacionales con el propósito de generar certeza en los resultados y su incorporación al registro correspondiente.

Se debe establecer, agregó, un control sistematizado de fosas que concentre toda la información concerniente al hallazgo y ubicación, y un registro estatal de objetos localizados, el cual tendrá que incluir un álbum fotográfico de las vestimentas y accesorios encontrados.

En Chilapa persiste una tendencia al aumento de la inseguridad a la que se suman problemas estructurales que impiden el pleno cumplimiento y goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, puntualizó.

El primer visitador de la CNDH mencionó algunas conclusiones y propuestas que se hicieron a autoridades de los tres niveles de gobierno.

Manifestó que es necesario fortalecer el funcionamiento de la fiscalía estatal, pues se observa que la actuación de algunos agentes del Ministerio Público, policías, peritos y auxiliares constituye un obstáculo para el acceso a la justicia y un mecanismo que genera violaciones a derechos humanos.

Hay cinco agentes ministeriales para atender una población de 129 mil 867 habitantes, lo cual significa que existe un agente por cada 25 mil 973 personas en un territorio de 752 kilómetros cuadrados.

El informe indica que al 30 de septiembre de 2018 la fiscalía guerrerense tenía registrados 204 expedientes relacionados con 247 casos de personas desaparecidas, de los cuales 211 corresponden a Chilapa. La CNDH constató que sólo se localizaron 67 sin vida y 11 con vida.