Horas antes de que Jaime Bonilla Valdez rindiera protesta como gobernador de Baja California, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la sexta acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Constitución estatal que permitirían al nuevo mandatario permanecer cinco años en el cargo.

Si bien de manera explícita el INE no tiene facultades para interponer recursos de este tipo, argumentó que sí las tiene de forma implícita debido a que tiene la función de regir los procesos electorales a escala nacional y es garante del sufragio efectivo.

Entre los argumentos de la controversia que presentó el instituto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentra que dicha reforma, conocida como la ley Bonilla, contraviene la Constitución federal, ya que se pretende que tenga efecto retroactivo cuando en realidad fue expedida el 17 de octubre pasado, cuatro meses después de la realización de los comicios en que fue electo el nuevo gobernador.

También señaló que la ley Bonilla pone en riesgo la certeza jurídica, debido a que esa reforma posterior a los comicios cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en las elecciones del pasado 2 de junio.

Este es el segundo recurso jurídico que interpone el INE contra la citada reforma. El primero fue una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que la desechó por considerarla improcedente.

Al mismo tiempo, se informó que el ministro Fernando Franco González Salas, instructor de este caso, dio entrada al juicio constitucional que interpuso el Partido de Baja California; sin embargo, como en casos anteriores, negó que proceda otorgar la suspensión.

En el acuerdo de admisión, el ministro Franco explicó: No es necesario que este medio de control se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento.

Esto significa que será el pleno de la SCJN la instancia que decida la duración de su gobierno.

Con esta acción suman seis las controversias promovidas contra la ley Bonilla, pues esta semana se admitieron solicitudes similares de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Re-volución Democrática y Movimiento Ciudadano, además de una controversia constitucional del gobierno saliente de Baja California.