un cuando es de reconocerse el positivo ejercicio inédito de aportar información abundante sobre lo sucedido el 17 del presente mes en Culiacán, es de señalarse que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que esa insólita y agradecible carga de datos y detalles sea asumida como una verdad absoluta y plena, ante la cual no deberían generarse dudas ni especulaciones.

En ese contexto, se ha entrado en un terreno tan resbaladizo como divisorio de opiniones al colocar la plausible decisión de salvar vidas inocentes bajo el amago de ataque de un cártel, frente al hecho de que esas vidas estuvieron en riesgo justamente a causa de un operativo de fuerzas del gobierno que fue mal planeado y pésimamente ejecutado, y no por un hecho fortuito. Saber más del tema y conocer las causas del sonoro fracaso ejecutivo, así como las medidas de corrección para impedir que estos episodios se repitan, es una obligación periodística indeclinable.

Lo preocupante es que el presidente López Obrador busca someter a su lógica política y de poder al ejercicio periodístico, pretendiendo que el gobierno sí puede mentir o equivocarse (como sucedió con el secretario Alfonso Durazo al atribuir los hechos de Culiacán a un patrullaje azaroso, tal vez porque no sabía lo que realmente estaba sucediendo), pero en esa situación de carencia de información precisa y confiable, los medios no podrían equivocarse. Es un falso dilema: ciertamente, los fines y los medios de la prensa y el poder son diferentes, necesaria y esencialmente diferentes.

En ese sentido, vale precisar que el Poder Ejecutivo federal estaba y está en obligación de cumplir con la orden de aprehensión que un juez emitió contra el ciudadano Ovidio Guzmán López. La manera en que se pretendió cumplir con esa orden imperativa fue el origen del peligro citadino culichi. Videos y declaraciones han mostrado que los cuerpos militares de élite entraron al domicilio del hijo de El Chapo sin una orden de cateo (lo cual parecería increíble) que, por lo demás, no llegó nunca. Además, el gobierno mexicano permitió que hubiera una negociación, hasta ahora no explicada ni detallada, para frenar la violencia de los grupos del crimen organizado contra ciudadanos pero, sobre todo, contra militares y sus familias.

El presidente de la República busca convertir el tema de Culiacán y del hijo de El Chapo en un fortalecimiento de su política pacificadora y amorosa y, al mismo tiempo, en un giro ascendente de crítica y descalificación del actual modelo periodístico convencional. Insiste en defender su propuesta de no centrarse en la captura de personajes relevantes en el mundo del crimen organizado, aunque, como se ha mencionado líneas atrás, en el caso de Culiacán no se trató de una decisión propia de la Presidencia, sino del intento de cumplimiento de una orden judicial.

En esa dialéctica existencial entre poder y prensa, entre la visión de los gobernantes y el interés de los periodistas se produjo ayer una valiosa confrontación de puntos de vista durante la conferencia mañanera de prensa. Fue cautivante el diálogo intenso que propició el presidente López Obrador, quien llegó a momentos declarativos vigorosos que a su vez tuvieron réplica entre una parte de los periodistas asistentes, quienes refutaron abiertamente algunas palabras presidenciales e hicieron preguntas ya fuera del orden de intervenciones que es usual en esas sesiones y que depende de la asignación de turno que hace el propio mandatario.

El saldo de este ejercicio de información del gobierno federal es positivo, pero alienta a profundizar, sobre todo sin estigmatizar el ejercicio periodístico en sí. La comparecencia al micrófono de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina, para responder de botepronto a preguntas de periodistas, es un avance notable. Bienvenido el mencionado ejercicio, lo cual no impide mantener las dudas y preguntas propias del oficio periodístico.

¡Hasta el próximo lunes!

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