Santiago. Al ex fiscal Carlos Gajardo su terquedad en perseguir penalmente a un grupo de parlamentarios que recibieron financiamiento ilegal le costó su carrera de 17 años en el Ministerio Público (Fiscalía) de Chile. Los políticos, claro está, jamás llegaron a juicio, tanto porque la administración tributaria (Servicio de Impuestos Internos, SII) como la Fiscalía se concertaron para no acusarlos o dejar prescribir los delitos.

Esto ocurrió en 2015 y el ex fiscal no tiene duda de que el impacto de ese caso, la impúdica impunidad que consagró, contribuyeron a incrementar el desprestigio de la política y del sistema judicial; y también la percepción de que existe una justicia para poderosos y otra para la gente común, creando otra fuente de desigualdad. Así lo explica Gajardo en conversación con La Jornada.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) mide cuánto confía la población de los países que la integran en sus sistemas de justicia. Los mejor evaluados son los de Europa del norte y el promedio está en 55 por ciento; en Latinoamérica el promedio ronda 30 puntos. Pero en Chile, en 2016, sólo 15 por ciento de las personas dice confiar en la justicia, explica.

Eso, dice, es consecuencia de un déficit de eficacia en la solución de los casos que afectan al común de la gente, pero además la percepción instalada de que existen dos sistemas de justicia, uno para la gente normal y otro que favorece al poderoso, a quien tiene recursos y contactos. Eso se afianzó profundamente desde 2015, cuando hubo una crisis de corrupción importante que terminó con muy pocas sanciones efectivas a los autores.

–Usted se refiere a los casos de financiamiento irregular de la clase política.

–Exactamente, y que afectaban a parlamentarios de diversos sectores que recibieron dinero ilegalmente, está acreditado, de por lo menos tres grandes empresas. Se estableció cómo éstas financiaban transversalmente a parlamentarios y eso no tuvo gran consecuencia en términos de sanciones.

–Esa percepción de que hay dos tipos de justicia, ¿es así, o no?

–Tiene visos de realidad. Ese caso y muchos otros demuestran que el sistema tiende a inhibirse cuando se enfrenta a personas de privilegio y tiende, por el contrario, a ser más activo cuando personas con influencia son víctimas de un delito, es mucho más efectiva que para un ciudadano común.

–Respecto del caso de los dineros en la política, desde la perspectiva del intento de persecución de delitos y hacer justicia, ¿cuál es su experiencia personal?

–En 2014 asumí el cargo de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la zona oriente de Santiago e investigamos causas de corrupción. Tuvimos casos importantes en el ámbito de la defensa, sobornos en contratos de la Armada; coimas con cohecho para la acreditación de universidades y causas en la administración tributaria. Ahí el sistema funcionó relativamente bien, se afectó a personas de relativa importancia, no de la máxima.

Pero cuando nos correspondió investigar delitos tributarios, soborno y cohecho en contra de altas autoridades, el sistema no tuvo la capacidad de resistir las presiones y lograron que no avanzaran; y eso terminó provocando que yo fuera apartado por decisión del fiscal nacional. Después, cuando derechamente se tomaron decisiones que iban contra la persecución penal, tomé la decisión de renunciar, en marzo de 2018.

–¿Usted cree que fue una decisión de la élite política sacarlo para cerrar los casos?

–Eso está bastante acreditado, es un hecho que a mediados de 2015 el director y el subdirector jurídico del SII recibieron presiones del ministro del Interior para no querellarse y después fueron expulsados. Además, a finales de 2015 fue nombrado un nuevo fiscal nacional y está claro que hubo un acuerdo transversal de la clase política para poner a alguien que fuera afín a esos intereses. Él declaró expresamente antes de ser nombrado que iba a tener más prudencia en las investigaciones y después fuimos apartados el fiscal Pablo Norambuena y yo.

–¿Qué tiene que suceder con la justicia en Chile a la luz de esta crisis del sistema?

–Tanto en el Poder Judicial como en el ministerio público hay un sistema de nombramiento de autoridades con alta influencia del poder político. Se requieren mecanismos para reducir esa influencia, hacerlo más transparente y favorecer la meritocracia.

–¿Cuál es su visión de lo que está viviendo Chile?

–El conflicto tiene su causa en la extrema desigualdad existente. En general, las cifras del país muestran progreso, pero la medición que se mantiene inalterable es la distribución del producto, con una desigualdad afrentosa: el 10 por ciento más rico tiene 66 por ciento de la riqueza, mientras 50 por ciento de la población tiene 2 por ciento.

En cuanto a la violencia que se ha manifestado en las protestas, Gajardo dice que perjudica las legítimas demandas que realizan sectores mayoritarios. Debe entenderse que hay una combinación de, por una parte, criminalidad pura y dura, el lumpen que aprovecha de realizar delitos; y jóvenes que tienen un profundo malestar con el sistema y que no ven otra forma de canalizarlo si no es con el uso de la violencia.

–¿Observa usted una salida a la crisis?

–Desgraciadamente, la salida está en manos de la clase política que se encuentra desprestigiada. Ese es el problema, que aquel grupo sin credibilidad tiene en sus manos la llave para resolver el conflicto. La solución no es fácil y debe pasar por ciertas modificaciones estructurales, incluso en el ámbito constitucional. También el cómo se distribuyen los recursos, modificaciones tributarias y en la forma como se producen las relaciones en las empresas, fortaleciendo sindicatos y mejorando los salarios. No es sencillo, implica que grupos muy poderosos deban despojarse de eso privilegios y eso no es una cosa que vaya a suceder fácilmente.

–Si no hay un avance en el corto plazo ¿usted cree que estárá en riesgo la institucionalidad?

–No lo sé, las movilizaciones han sido masivas y eso da cuenta de un sentido profundo y mayoritario de que se necesitan cambios, pero me cuesta especular acerca de lo que pueda ocurrir, si los cambios se van a producir y las movilizaciones se van a aplacar; o no se van a producir y las movilizaciones se van a hacer más violentas, o van a terminar cansando a la población. Hay incertidumbre y mucho escepticismo de que los cambios ocurran y qué puede ocurrir si se interpretan como insuficientes respecto de las demandas que se están haciendo.