La Cámara de Diputados rechazó las cuentas públicas de 2015 y 2017 del gobierno de Enrique Peña Nieto, y turnó los dos dictámenes aprobados ayer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se dé seguimiento a las conclusiones y a los procesos administrativos e incluso penales que se deriven de las irregularidades documentadas por legisladores.

Esta es una condena política al ejercicio irregular del gasto en esos años, en el gobierno federal y de los estados. Hay procesos penales contra ex funcionarios y ya llegó la hora de llamar al ex presidente Peña Nieto a que sea coadyuvante para aclarar los desfalcos de su administración, expresó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena).

Sostuvo que la cámara retomó su facultad y obligación constitucional de dictaminar las cuentas públicas del gobierno de Peña Nieto y lo hizo antes del plazo.

Recordó que las comisiones de Presupuesto y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación conformaron un grupo de trabajo para revisar los expedientes abiertos por la ASF sobre las irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto en el sexenio pasado.

Complicidad, constante

Anticipó que se trabajará en una reforma a las leyes de Presupuesto, de Adquisiciones y de Fiscalización, con el propósito de erradicar algo que se convirtió en una constante en todo el sexenio pasado: el desvío de recursos y la complicidad en los contratos de obra.

Ramírez Cuéllar refirió que hay procesos distintos contra ex funcionarios públicos por el ejercicio indebido de las finanzas públicas, no sólo en el gobierno federal, sino en las administraciones de Chiapas, Veracruz, estado de México y Puebla, entre otros.

En tribuna, al fundamentar los dos dictámenes, Nancy Santiago (Morena) sostuvo que se comprobó cómo durante el sexenio de Peña Nieto las dependencias federales tuvieron como marca distintiva malas prácticas reiteradas, relacionadas con pagos improcedentes o en exceso.

También, dijo, un tema muy delicado fue la gestión presupuestal de los gobiernos estatales, como Michoacán, estado de México, Veracruz y Chiapas.