La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute una contradicción de tesis que podría dejar inoperantes en todo el país las penas de prisión administrativa que se imponen a quienes no pasan la prueba de alcoholemia.

Se trata de la contradicción de tesis 171/2019, surgida entre tribunales colegiados de dos estados de la República, los cuales emitieron fallos contradictorios respecto de si los sancionados por dar positivo al aplicarles el alcoholímetro deben tener derecho de audiencia previa, ante una autoridad judicial, antes de ser enviados a una prisión administrativa, como es el caso de El Torito, en la Ciudad de México.

En su sesión de este martes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio a conocer su proyecto de resolución, cuyo tema de fondo es: Si el derecho de audiencia previa es exigible en tratándose de la imposición de un arresto administrativo como sanción por conducir en estado de ebriedad.

El ministro propuso que en estos casos debe prevalecer la tesis donde se afirma que: Cuando al presunto infractor se le haya detenido con motivo de conducir bajo el influjo del alcohol, la autoridad tiene la obligación de respetar, de proteger y de garantizar el derecho de audiencia previa, al no existir una restricción expresa a este derecho en el texto constitucional, ni justificación suficiente que amerite eximir de su observancia en forma previa a la restricción de la libertad personal ambulatoria.

El debate apenas comenzaba cuando el ministro presidente, Arturo Zaldívar, pidió la palabra para hacer a sus compañeros un llamado de reflexión: “Si la tesis se aprueba como está, prácticamente se hace inoperante el instrumento del alcoholímetro, que –según estadísticas– ha salvado muchísimas vidas y ha cambiado –incluso– la cultura de los habitantes, al menos de la Ciudad de México, y entiendo que de otras ciudades.”

Zaldívar levantó la sesión y convocó al pleno para el próximo jueves, cuando tendrá que votarse finalmente este asunto.