Zacatecas, Zac., En conferencia de prensa urgente, el mandatario de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, anunció que el gobierno que encabeza, así como la Federación, han movilizado a más de cien integrantes de las policías Estatal Preventiva, Ministerial y de la Guardia Nacional para desalojar este fin de semana a los ejidatarios y transportistas que desde el jueves pasado, por tercera ocasión en lo que va del año, bloquearon los accesos de la mina Peñasquito, en el municipio de Mazapil.

La advertencia se produjo luego de que directivos de la compañía estadunidense Newmont han dicho al gobernante priísta que el próximo lunes anunciarán en la bolsa de valores el cierre del yacimiento de oro y plata a cielo abierto más grande de América Latina, lo que dejarían sin trabajo a 5 mil 600 trabajadores.

Tello Cristerna anunció además que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas se encuentra integrando las carpetas de investigación por las demandas penales y civiles –algunas desde principios de año– que la minera Peñasquito interpuso contra varios dirigentes del ejido San Juan de Cedros, de la Unión de Transportistas de Mazapil Cava, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM), quienes encabezaron los bloqueos al emporio de Newmont. Entre los dirigentes contra quienes se elaboraron esas denuncias, detalló el gobernador, están el senador José Narro Céspedes, de Morena, y líder nacional de la CNPA; Felipe Pinedo Hernández, dirigente del FCAM; José Ascensión Carrillo, líder de Cava y Rigoberto López, presidente del comisariado ejidal de San Juan de Cedros y líder de los campesinos de esa comunidad.

Avanzan las carpetas de investigación contra ellos y otros dirigentes, por delitos contra el comercio y por amenazas señaló el mandatario estatal y se van a judicializar a más tardar el lunes o martes próximos, esto es, en espera de que un juez de control gire las órdenes de aprehensión o presentación contra los imputados por la minera Peñasquito.

Pero también, advirtió, el gobierno federal, está a su vez armando otras carpetas, por presuntos delitos, cometidos por quienes han bloqueado la minera.

Tello Cristerna dijo lamentar que se recurra al uso de la fuerza pública, pero recordó que se han realizado más de 26 mesas de negociación donde se logró avanzar en 14 de 19 puntos, que son las demandas comunitarias del ejido San Juan de Cedros y la empresa Cava: “sin embargo, no fue suficiente y se volvió a tomar la mina”, el pasado jueves 24 de octubre.

En este escenario, dijo el también contador público de profesión, “la empresa exige al estado, y está en todo su derecho, que se aplique la ley. Yo cuando estuve en Maza-pil, le dije a la gente que nunca habría represión.

Sin embargo, hoy se está poniendo en riesgo algo muy importante, que es quizá a la empresa más grande de Zacatecas, una de las principales empleadoras, y la postura es tal que cotiza en la bolsa de valores, y no puede estar sujeta a un día abrir y otro día cerrar, porque a final de cuentas lo único que hace con eso es enviar mensajes negativos a los inversionistas, a los tenedores de las acciones, y la exigencia de ellos, es que tanto gobierno federal como gobierno del estado,simplemente se circunscriban a la ley.

La empresa, el día de ayer (viernes) me buscó; claro que yo de inmediato los iba a recibir, vinieron los directivos para anunciarme la suspensión de labores de Peñasquito, y a ellos les conviene más, si no se les dan las condiciones de certeza laboral ellos cerrarán la mina por un periodo de un año, dejando a Zacatecas sin 5 mil 600 empleos que genera.

FCAM lamenta anuncio

En entrevista con La Jornada, el dirigente Felipe Pinedo Hernández del FCAM, lamentó el anuncio del gobernador para desalojar por la fuerza a quienes se manifiestan contra Peñasquito.

La falta de oficio político del subsecretario de Gobernación federal, Ricardo Peralta, y del gobernador Tello, nos tiene en esta incertidumbre. Porque nosotros habíamos acordado levantar el plantón con la promesa de inmediata de instalar la mesa de diálogo, para resolver los puntos de la falta agua y del empleo. Pero la SG ha operado mal, parece que (sus funcionarios) son mediadores por parte de la mina Peñasquito, no se comportan como servidores públicos.

La empresa Peñasquito incluso, había advertido semanas atrás que ellos no se iban a reunir con ejidatarios y transportistas hasta que no los convocara Ricardo Peralta, y este funcionario se reunió con ellos a solas, pero con los campesinos nunca se volvió a reunir, eso lo debe saber el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es la primera vez que Ricardo Peralta pone en riesgo la estabilidad social por su falta de oficio político.

Si el gobierno estatal decide usar la fuerza pública para desalojar a ejidatarios y transportistas de Mazapil, la gente allá los va a estar esperando, porque nos asiste la razón jurídica, y estamos seguros que no estamos cometiendo ningún delito, finalizó.