La titular de la Secretaría de Salud capitalina, Oliva López Arellano, afirmó que ante la próxima reglamentación del uso medicinal de la mariguana –antes del próximo abril, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, la Ciudad de México puede aportar enfoques en derechos humanos y salud pública, tanto en el plano terapéutico como el lúdico.

La funcionaria advirtió al Congreso que al adecuar el marco normativo se mantenga alerta ante presiones por grupos de interés en torno a su industrialización y comercialización.

En los foros y mesas de trabajo de la Comisión de Salud, que preside la diputada Lourdes Paz Reyes, de Morena, integrados para elaborar la iniciativa de reforma a la Ley de Salud local, el director de la Agencia de Protección Sanitaria, Ángel González Domínguez, dio por hecho que el proceso de legalización va a avanzar, por lo que aumentará el consumo; agregó que el alcohol y tabaco dejan grandes ganancias para pocos, mientras para la sociedad aumentan los costos de atención por los daños a la salud.

Advirtió que de ser así para el caso de la cannabis, las tareas de prevención, atención de daños y rehabilitación quedarán en manos del Estado, el cual tendrá que usar los recursos que el resto de la sociedad genera para la salud y asistencia social en los nuevos padecimientos, sin considerar que los recursos ya son limitados para otras enfermedades.

Paz Reyes recordó que la Constitución local prevé el derecho al uso médico y terapéutico, supeditado en un transitorio una vez que lo disponga la Ley General de Salud, que fue objeto de controversia, pero no lo invalidó la Corte.