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Hallan muerto a activista acosado por grupo criminal en Chihuahua

En varias ocasiones Cruz Soto Caraveo pidió la intervención de las autoridades federales

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▲ Familiares de Cruz Soto Caraveo, activista e integrante del colectivo de familias expulsadas por el crimen organizado en el municipio de Guazapares, Chihuahua, confirmaron ayer el hallazgo de su cuerpo, luego de desaparecer el 13 de octubre.Foto La Jornada
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 21 de octubre de 2019, p. 33

Chihuahua, Chih., El activista Cruz Soto Caraveo, integrante del colectivo de familias desplazadas por el crimen organizado en el municipio de Guazapares, fue encontrado sin vida, con impactos de bala, en el camino que comunica los poblados de Témoris a Bahuichivo, en la Sierra Tarahumara, informó Gabino Gómez Escárcega, coordinador de casos de personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).

Soto Caraveo permanecía en calidad de desaparecido desde el pasado 13 de octubre, cuando tres sujetos lo privaron de la libertad luego de acudir a una reunión en Témoris, municipio de Guazapares, para recibir un apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal (Sader).

El sábado circuló la versión extraoficial del hallazgo del cadáver de Cruz Soto, pero la Fiscalía General del Estado no confirmó la información; finalmente, el domingo familiares del activista y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres constataron su deceso.

Gabino Gómez precisó que el cuerpo de Cruz Soto fue encontrado muy cerca del lugar donde lo privaron de la libertad. Pidió en nombre de los familiares de la víctima una investigación eficaz, la intervención del Ejército, la Guardia Nacional y el gobierno federal para pacificar la Sierra Tarahumara, ya que, dijo, las fuerzas estatales no son suficientes; además, exigió que se detenga al grupo criminal responsable del crimen.

Los restos del activista fueron velados este domingo; la ubicación de su funeral no fue dada a conocer para garantizar la integridad de sus familiares, quienes también fueron desplazados del municipio de Guazapares y enfrentan amenazas del crimen organizado.

El 12 de octubre Cruz Soto viajó en tren desde la ciudad de Chihuahua (donde vivía refugiado con su familia) al poblado de Témoris, cabecera municipal de Guazapares, para recibir el domingo 13 los recursos de un programa de apoyo a la ganadería que la Sader lo obligó a cobrar en dicho lugar.

Cuando salió de la presidencia municipal de Guazapares, Soto Caraveo fue interceptado por tres sujetos armados que lo secuestraron en un paraje del camino que va de Témoris a la comunidad de Los Llanos.

El 16 de octubre el fiscal estatal, César Augusto Peniche Espejel, anunció una operación con 40 policías y agentes ministeriales, además de un helicóptero, para buscar a Cruz Soto y a los agresores.

Señaló a José Noriel Portillo, El Chueco, presunto líder del grupo criminal Gente Nueva en Guazapares, vinculado al cártel de Sinaloa, como responsable de la desaparición de Cruz Soto.

Mencionó que se hallaron dos vehículos y se identificó a tres presuntos responsables, quienes, dijo, colaboran directamente con El Chueco.

Detalló que los automotores decomisados son un Jeep Grand Cherokee color azul metálico con placas de circulación EKL 5517 de Chihuahua, el cual fue utilizado por los criminales para llevarse a Cruz Soto, además de un vehículo Hummer H3 rojo, modelo 2006, con reporte de robo del 6 de octubre de 2018 en Michoacán.

Cruz Soto Caraveo pertenecía a un grupo de tres familias que en 2014 tuvieron que abandonar la comunidad de Monterde, municipio de Guazapares, por amenazas del grupo criminal Gente Nueva, el cual controla la zona y las despojó de sus tierras.

Los pistoleros mataron los animales de granja de las familias, se apoderaron de las viviendas y utilizan las tierras de los desplazados para sembrar enervantes.

Cruz Soto denunció el desplazamiento de las familias en múltiples ocasiones y alertó sobre el reclutamiento forzado de adolescentes por el crimen organizado en Guazapares y municipios aledaños.

En diferentes oportunidades se entrevistó con autoridades federales para pedir ayuda del Ejercito Mexicano, con el argumento de que las autoridades locales son superadas por los narcotraficantes.

La última ocasión fue el pasado 22 de marzo, durante la revisión de las medidas cautelares de la comunidad El Manzano, aledaña al poblado de Monterde; ahí exigió a la Secretaría de Gobernación federal, a la Secretaría General del Gobierno de Chihuahua y a la Fiscalía estatal atender el caso.

La Fiscalía de Chihuahua identifica a por lo menos 20 presuntos sicarios y narcotraficantes que cuentan con orden de aprehensión y operan en los municipios serranos de Guazapares y Urique.