a renuncia de Carlos Romero Deschamps a la secretaría general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cargo que ocupó por 26 años, marca el fin del más notorio cacicazgo en el sindicalismo mexicano que se mantuvo intocable en tres administraciones federales priístas y dos panistas, pese a la escandalosa ostentación de lujos inexplicables por parte del dimitente y a los múltiples señalamientos de abusos, atropellos y uso patrimonialista de los bienes públicos.
La perpetuación de ese liderazgo corrupto por un cuarto de siglo fue posible, en primera instancia, por las prácticas antidemocráticas del sindicalismo charro, solapadas en la legislación laboral por décadas y, en segundo lugar, debido al sistemático encubrimiento del poder público mediante un entramado de complicidades que supuso el incuantificable quebranto para el Estado. En este último aspecto, es ineludible recordar el Pemexgate, esquema de desvío de recursos públicos que aportó más de mil millones de pesos del sindicato petrolero a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial priísta en 2000.
La llegada de una administración federal que no se encuentra atada a los pactos que sostuvieron esa clase de cacicazgos sindicales, así como la reforma en materia laboral que finalmente permite a los trabajadores elegir a sus dirigentes gremiales mediante el voto secreto, volvieron insostenible la continuidad de un personaje como Romero Deschamps, por lo que su destino parecía sellado meses atrás.
Sin embargo, la caída del líder petrolero no necesariamente supondrá el derrumbe de la estructura charra en cuya cúspide se encontraba y el que dicha estructura sea desmantelada o reciclada en el nuevo contexto depende, a fin de cuentas, de los trabajadores afiliados al STPRM: si bien es cierto que la transformación política y jurídica referida brinda las condiciones de posibilidad para la democratización de la vida sindical en el país, este saneamiento de la dinámica interna de las organizaciones gremiales es una tarea en la que las autoridades no deben interferir, pues corresponde en forma exclusiva a los sindicalizados.
Por último, aunque no puede soslayarse el hecho de que la renuncia de Romero Deschamps se produjo apenas unas horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificara la existencia de dos denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, no puede darse por sentado que la defección del otrora poderoso dirigente vaya a ser el prefacio de un proceso penal en su contra: es necesario distinguir con claridad lo que toca al ámbito laboral (el fin de este pernicioso cacicazgo) de lo que corresponde al Poder Judicial (la investigación para fincar o deslindar responsabilidades al ex líder con respecto a diversos ilícitos); en lo inmediato, pues, lo más relevante de la caída de Romero Deschamps son sus implicaciones para la vida sindical de los trabajadores petroleros y, por extensión, para el resto de las organizaciones gremiales del país.
