Guadalajara, Jal., Decenas de policías estatales desalojaron ayer de un predio de 13.87 hectáreas ubicado en el municipio de Tlajomulco, en las inmediaciones del aeropuerto de Guadalajara, junto al canal Las Pintas, a ejidatarios de El Zapote que se oponen a que el gobierno de la entidad construya un colector de aguas residuales. Esas tierras pertenecen a los campesinos, quienes no han dado su anuencia para que la obra se realice.

Los ejidatarios cuentan con una suspensión definitiva otorgada en agosto por el juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo para proteger y resguardar dicha superficie. Los labriegos dijeron que no se oponen a las obras, siempre que el gobierno de Jalisco les pague lo que corresponde por derecho de vía, como estipula la ley.

Pese a ello, bajo el resguardo de uniformados –que se quedaron para vigilar–, ayer ingresaron maquinaria pesada, material de construcción y unos 40 trabajadores que comenzaron las obras del colector El Zapote I-Aeropuerto.

Nicolás Vega Pedroza, miembro del ejido El Zapote, expuso que ante la postura del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien se niega a llegar a un acuerdo económico, se presentó una demanda por violar la suspensión judicial, pero el mandatario envió más de 40 policías para forzar los trabajos.

Según un reciente avalúo y pago que se hizo al vecino ejido de Santa Cruz, el metro cuadrado debería pagarse a 650 pesos; es decir, la administración estatal debería cubrir a El Zapote unos 84 millones de pesos por el uso de sus tierras.

Las obras se han realizado en forma intermitente y bajo resguardo policial desde agosto, aunque no con la presencia permanente de agentes como ahora.