Monterrey, NL., El secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, acusó a diputados locales de someterse y permitir que otros poderes se entrometan en Nuevo León.

El funcionario compareció ayer ante la comisión anticorrupción del Congreso estatal, como parte de un proceso de sanción en su contra por el uso de recursos públicos para reunir firmas de apoyo a la fallida candidatura independiente del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a la Presidencia en 2018. El mandatario, también citado, omitió asistir.

Aunque se le citó a las 10 de la mañana, González Flores esperó más de dos horas y media para su audiencia, en la cual dijo que no reconoce a la legislatura local como autoridad que lo deba sancionar.

“Comparezco porque un tribunal definió que las acciones que realizamos su servidor, como gobernador interino (mientras El Bronco hizo campaña) y el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón como mandatario constitucional, podrían constituir responsabilidades en el ámbito de las leyes aplicables en Nuevo León.

“Repito: podrían constituir. Jamás se ha definido alguna conducta que tenga responsabilidad concreta ni por el Trife (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF), ni por la sala especializada, ni por ustedes”, explicó.

Tan tenemos la razón en que ustedes no son competentes para decidir sobre este asunto, que tuvimos que recurrir al máximo tribunal del país, la Suprema Corte, para que nos suspendiera la ejecución de esta sentencia, remató.

El secretario consideró que el TEPJF subyuga al Congreso de Nuevo León, al ordenarle llevar el proceso de sanción contra él y el gobernador. Imagínense, señores representantes populares, a quienes el pueblo de Nuevo León confió la soberanía de este gran estado: lejos de defenderla, se someten a las directrices de un tribunal electoral federal. Son ustedes los baluartes de la libertad de nuestra entidad y en lugar de defenderla atacan al Ejecutivo antes que observar la intromisión de otros poderes en Nuevo León, aseguró.

Jaime Rodríguez estaba citado por la comisión legislativa anticorrupción para este martes a las tres de la tarde, pero sólo envió al Congreso un documento (cuyo contenido no se precisó) que entregó su abogada, Ana Laura Cano Pichardo.

El pasado 27 de septiembre, Rodríguez Calderón presentó una controversia constitucional contra el proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero de octubre la controversia fue radicada y turnada al ex ministro Eduardo Medina Mora, quien antes de presentar su renuncia aprobó la suspensión al proceso de sanción.

Debido a esta determinación, cualquier sanción aplicada por el Legislativo no tendrá validez, pero el proceso de investigación y desahogo de pruebas puede seguir adelante.