in precisar el número ni el nombre de las empresas implicadas, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció ayer que ha iniciado un procedimiento contra varios bancos que operan en el país, debido a prácticas de colusión para manipular los precios de los bonos gubernamentales.

Según la información, durante tres años el organismo autónomo encontró probable responsabilidad por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno; es decir, los corporativos bancarios investigados –que por ley deben competir entre ellas– habrían realizado contratos, convenios o arreglos para concertar sus posturas para manipular el precio de los valores de deuda o establecer obligaciones para no comercializar o adquirir una parte de éstos. En concreto se considera que hubo colusión para hacer caer el precio de los Cetes.

Tras escuchar los argumentos de los representantes de los bancos involucrados en la pesquisa, la entidad reguladora podría, en caso de encontrarlos culpables, imponerles una multa hasta por 10 por ciento de sus ingresos anuales.

El país padece por un conjunto de bancos ineficientes, voraces, depredadores y elitistas, cuyo accionar generó entre enero y junio de este año 5 millones 419 mil 546 quejas por un monto total reclamado de 17 mil 13 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), lo que representa un incremento de más de 20 por ciento de inconformidades respecto del mismo periodo de 2018.

Setenta y seis de cada cien quejas fueron resueltas en favor de los usuarios, lo que subraya lo ineficaz, en el mejor de los casos, o lo tramposo, en el peor, de las entidades de la banca privada.

A la falta de cobertura territorial, las prácticas discriminatorias en contra de los pequeños cuentahabientes, los costos excesivos de las comisiones –que por regla general son mucho más altas en México que en los países de procedencia de la mayor parte de los bancos–, a las prácticas abusivas de comercialización y a los usos intimidatorios de cobranza, debe agregarse ahora que los bancos privados que operan en el país han conformado un sistema semejante a un cártel –la expresión es de la propia Cofece– y que ha podido hacerse con el poder para incrementar o reducir a su antojo, y con el simple propósito de incrementar sus ganancias, el monto de la deuda gubernamental.

Cierto que, una parte sustancial de la responsabilidad por este indeseable y preocupante escenario recae en las autoridades que durante muchos años han sido incapaces de detectar, impedir y sancionar las prácticas referidas y, por el contrario, han sido omisas, complacientes y hasta cómplices de los excesos, abusos y atropellos que las corporaciones bancarias y financieras cometen en el país.