A 10 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) –por decreto del ex presidente Felipe Calderón– decisión que dejó sin trabajo a 44 mil electricistas, la mayoría sigue sin reintegrarse al sector: 28 mil fueron liquidados ese mismo año (2009) con la promesa de ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –lo que no sucedió–, mientras que de los 16 mil 599 que se mantienen en resistencia, poco más de 2 mil reciben algún pago por renta vitalicia o empleos.

El movimiento sindical que llegó a ser uno de los principales opositores a diversos gobiernos federales, se mantiene entre disputas internas y señalamientos; unos contra el secretario general actual del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, y su personal más cercano, de enriquecerse a costa de la base sindical, y otros desde la dirigencia contra grupos que señala de traición al gremio.

El argumento del gobierno federal para la extinción de LFC, que se dio en los primeros minutos del 11 de octubre de 2009 e incluyó la toma de las instalaciones por militares y policías federales, fue que por su ineficiencia operativa y financiera, representaba un costo que ya no resultaba conveniente para la economía. Sin embargo, el SME denunció que era el preámbulo para la privatización de la energía eléctrica.

Según Esparza Flores, de los 16 mil 599 trabajadores en resistencia, aproximadamente 900 tiene una pensión vitalicia, por tiempo de servicio de 23 o más años, a los que el gobierno, dijo, todavía les debe 200 millones de pesos.

Y 600 más laboran en la generadora de energía eléctrica Fénix, constituida a partir de los acuerdos que alcanzó el sindicato con la Secretaría de Gobernación en 2015, con los que se concedió el uso y aprovechamiento de las hidroeléctricas que tenía LFC por 30 años, y en la cual 51 por ciento de las acciones son de la compañía portuguesa Mota-Engil.

Los 14 mil trabajadores restantes están en la cooperativa del sindicato, pero la mayoría no tiene un empleo, reconoció Esparza Flores. Recientemente inauguraron una empresa de anuncios luminosos.

En este contexto, los grupos opositores al secretario general actual del SME, aseguran que a 10 años de la extinción de LFC, los más favorecidos son la dirigencia.

Mario Benítez, del grupo Para Todos Todo, señaló que Esparza Flores recibió una liquidación de poco más de 5 millones de pesos, además, es integrante del consejo de administración de Fénix por el que estaría recibiendo un salario de 60 mil pesos mensuales, que se suma a los ingresos de las cuotas sindicales y renta de instalaciones del SME.

También, dijo, Eduardo Bobadilla, secretario del trabajo del sindicato, y Humberto Montes de Oca, secretario del exterior, recibieron liquidaciones de más de 5 y 4 millones, respectivamente, y son trabajadores de Fénix. Cuando la liquidación promedio, señaló, fue de 350 mil pesos.

Hay otros dos movimientos opositores: el grupo que encabeza Jorge Sánchez que recabó firmas para la expulsión de Esparza Flores por traición, las cuales fueron entregadas a Presidencia; el de Ramón Ramírez, se mantiene en plantón en Palacio Nacional para exigir audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esparza Flores ha rechazado estos movimientos. Respecto de los señalamientos de enriquecimiento, dijo que todo el proceso de liquidación fue auditado, y sobre su participación en Fénix dijo que se debe a que es titular del contrato colectivo de trabajo y por estar pendiente del reingreso de 49 por ciento de los dividendos para el fideicomiso de los trabajadores.