Al menos tres de las 25 universidades estatales que hicieron paro nacional en demanda de que el gobierno federal les otorgue más presupuesto, estuvieron involucradas en los desvíos de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, ya desaparecida), y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, durante los tiempos respectivos en los que Rosario Robles las dirigió.

El personal académico y administrativo de más de una veintena de casas de estudios iniciaron el miércoles pasado un paro de labores en contra de las restricciones presupuestarias a la educación superior y por el otorgamiento de recursos extraordinarios a nueve universidades que se encuentran en crisis financiera.

Entre ellas se encuentran las universidades autónomas de los estados de México, Morelos y Zacatecas, las cuales participaron en la llamada Estafa maestra. En el caso de la primera, se acusa a algunos de sus directivos de haber firmado un convenio con la Sedesol en febrero de 2013 por 528 millones de pesos para incorporar a beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores en un proceso donde 90 por ciento de los recursos fueron a su vez entregados en subcontrataciones incluso a empresas fantasma.

La de Morelos está señalada por el desvío de más de 239 millones en contratos firmados en 2013 y 2014 con la Sedesol, mientras la de Zacatecas estuvo involucrada en el manejo irregular de 219 millones, derivados de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario firmado en 2015.

Pendiente, proceso contra los responsables

En semanas recientes, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior llamó a que se investigara a las personas presuntamente responsables de ilícitos, pero sin afectar a las casas de estudio.