Quito. Al llamar a radicalizar las protestas contra el gobierno del presidente Lenín Moreno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), advirtió ayer que esto no para hasta que el FMI (Fondo Monetario Internacional) se vaya del país, en momentos en que se reportó que a raíz de la represión murieron cinco civiles, entre ellos dos indígenas.

En un comunicado firmado por Jaime Vargas, presidente de la organización indígena, se convocó a la población a ir a la lucha, renovar fuerzas y sostener los bloqueos de vías, las tomas de gubernaturas y edificios públicos y realizar asambleas en todas las comunidades y alianzas con todos los sectores del pueblo.

Además, la Conaie consideró que el diálogo que plantea Lenín Moreno es una fantochada; aseguró que sólo negociará con la autoridades si se recuperan las subvenciones al combustible y cesa a los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y al de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes responsabilizó de la violencia desmedida de policías y militares durante las protestas iniciada desde el jueves de la semana pasada, y en particular las de antier.

Nada de diálogo con un gobierno asesino, hasta que se cumplan los mínimos requisitos, sostuvo la organización, que exigió la derogación del decreto que eliminó los subsidios a combustibles.

Al caer la noche, miles de personas continuaban en las calles en rechazo al paquetazo, a la violencia ejercida por las fuerzas del orden, y en demanda de la renuncia de Moreno.

El gobierno informó que, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal de Ecuador, se reunió con representantes indígenas y sindicatos para llegar a acuerdos que permitan amortiguar el impacto de la subida del precio de la gasolina y el diésel en los sectores más vulnerables, si bien reiteró que no hay vuelta atrás en la eliminación de subsidios al combustible.

La ONU confirmó que apoya una serie de conversaciones preliminares con las autoridades y sectores de la sociedad civil para reducir las tensiones.

¡Lenín Moreno, con los indígenas no se juega; con la Conaie no se juega, carajo!, proclamó Vargas antes miles de personas en la Casa de Cultura, epicentro de las protestas de ayer.

Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso y ladrón, sentenció el dirigente.

La multitud concentrada en este punto recibió los cuerpos de dos indígenas –uno de ellos líder de la provincia andina de Cotopaxi, Inocencio Tucumbi– que murieron en los enfrentamientos durante el paro nacional de este miércoles. Al grito de ¡Moreno, asesino!, dolientes cargaron en hombros los ataúdes cubiertos con la bandera de Ecuador, desde la Avenida 12 de octubre, en su intersección con la calle Patria, hasta la Casa de la Cultura para velarlos.

El detonante de las protestas, que iniciaron hace una semana, fue un acuerdo de Moreno con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares, a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años, y que provocó aumentos hasta de 123 por ciento. Desde hace una semana, el galón (3.79 litros) de diésel, pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Tras la aplicación de la medida, el gobierno autorizó un incremento de 10 centavos de dólar en el pasaje del transporte público, suspendió el traslado de petróleo por el principal de sus dos oleoductos, y aseguró que la ocupación de varios pozos petroleros en la Amazonia han tenido pérdidas por 12.8 millones de dólares, lo que representa 31 por ciento de su producción.

Moreno, quien trasladó la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, respondió a los disturbios con un estado de excepción y un toque de queda parcial de las ocho de la noche a las cinco de la mañana, que se aplica en los alrededores de instalaciones gubernamentales clave y en edificios del Estado.

Desde entonces, cinco personas han muerto, cientos han resultado heridas y al menos 800 están detenidas, reportó la Defensoría del Pueblo. Las autoridades sostienen que sólo hay un fallecido y tacha de rumores los balances que dan otras cifras.

Versiones periodísticas y de agencias internacionales de prensa reportaron la retención de ocho policías, incluida una mujer, y 27 periodistas en el coliseo de la Casa de la Cultura. El secretario general de la presidencia, José Augusto Briones, aseguró en un video que a los agentes y comunicadores no se les ha permitido salir, como es su voluntad, del recinto.

Los uniformados fueron liberados anoche y entregados a dos representantes de la ONU.

El diario El Comercio publicó antes que a los uniformados se les pidió comunicarse con sus superiores para que se deje de reprimir a los manifestantes. Los líderes indígenas confirmaron que hay 40 militares retenidos en Saquisili, provincia central de Cotopaxi, según el rotativo.

Sobre los comunicadores, la agencia Ap describió que a los más populares los obligaron a pasar al frente, donde en medio de gritos les preguntaban si estaban en contra de su voluntad ante una gran multitud de indígenas.

Uno de ellos fue Freddy Paredes, del canal Teleamazonas, quien dijo que quería irse para continuar con su trabajo. Más tarde logró salir del recinto, y en un video se observa que es perseguido por una docena de personas, algunas de ellas llevaban atuendos indígenas, que le hostigan con insultos, ademanes violentos y le lanzan objetos y piedras hasta dejarlo con una herida en la cabeza.

Paredes, a quien medios alternativos señalan como pro gobiernista, quedó tendido en el piso en medio de un charco de sangre mientras era atendido por personal de socorro médico.

A todo esto, la Conaie tuiteó que los periodistas no están secuestrados, están con el pueblo para garantizar el derecho a la información, ya que existe una guerra mediática de ocultamiento y descontextualización de lo que pasa en el país.

En tanto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó en Twitter la detención en el aeropuerto de esta capital de 17 extranjeros, la mayoría venezolanos, cuando tenían intenciones de abandonar el país; aseguró que tenían información sobre los movimientos de Moreno y que dijeron que recibieron pagos de entre 40 y 50 dólares, pero no precisó quién hizo los pagos.

La Secretaría de Comunicación tuiteó que intenta confirmar evidencias de que disidentes de la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participan en las manifestaciones opositoras.