La Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos ofrecieron una disculpa pública y de responsabilidad institucional a Lorena González, detenida injustificadamente en septiembre de 2008 por el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí.

En el Museo de la Ciudad de México, la procuradora Ernestina Godoy Ramos afirmó que los responsables que le imputaron su participación en secuestros, homicidios y delincuencia organizada pagarán, y se dejará atrás la negra historia de fabricación de culpables.

La actuación de los funcionarios de la dependencia –entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera– llevó a su detención arbitraria, a la violación de sus derechos humanos, a una exposición perniciosa a los medios, a un escarnio público y a un populismo penal, reconoció.

El presidente del TSJ, Rafael Guerra Álvarez, se comprometió a que en el futuro los jueces trabajarán con transparencia e imparcialidad en los juicios que intervengan, pero antes se reparará la afectación cometida contra ella y su familia.

Lorena aceptó la disculpa de ambas instituciones que la mantuvieron seis años 10 meses y 11 días en el penal de Santa Martha Acatitla, pero, advirtió: No olvido, porque acabaron con mi proyecto de vida, por lo que pidió se castigue a quienes fabricaron los delitos en su contra.

Los servidores públicos no deben ser cómplices de la corrupción y convertirse en verdugos de la libertad. No deben fabricar delincuentes en busca de mejores cargos, y aun cuando nos dijeron que no podíamos vencer al aparato del Estado, porque era un caso político, ganamos, afirmó.

El juez 32 penal, Jesús Ubando, no valoró las irregularidades en mi detención porque el objetivo era ponerse una medalla plagada de irregularidades, ¡qué vileza!, dijo ante protestas de familiares de Noé e Israel Cañas, acusados por los mismos delitos y que están sin sentencia en el Cefereso 4, en Nayarit.

Agregó que la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos solicitará una indemnización económica a partir de las violaciones que fueron documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos –contra la actuación omisa del organismo local, encabezado entonces por Perla Gómez–, así como el trabajo de la organización Causa Común, de María Elena Moreira, y su abogado Rodrigo Higuera, quien recibió amenazas para no seguir con su defensa, que le permitieron recobrar su libertad en 2015.

Mano justa, no mano dura

Más tarde, Godoy acudió al Congreso capitalino, donde al comparecer ante diputados con motivo de la glosa del Informe, se comprometió a llegar con cero rezago el 10 de enero de 2020, cuando comience a operar la fiscalía general de justicia, y sostuvo, contra quienes piensan que se debe regresar a los tiempos en que la justicia era la mano dura del Estado, que “eso jamás volverá.

Lo que necesitamos es una mano justa que esté del lado de la ley, de las víctimas, y castigue a los culpables con pruebas y legalidad; que abata la impunidad e impida los abusos con absoluto respeto a los derechos humanos, apuntó.

Ante el pleno dijo que las investigaciones en los casos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño son ejemplos de cómo actuará la institución, y agregó que en dos semanas de prueba en Benito Juárez, la nueva estrategia para la simplificación de recepción, atención y análisis de denuncias para una veintena de delitos no graves, sin violencia y con imputado desconocido, se abatió de cuatro horas a 30 minutos el tiempo para interponer una denuncia, que será también el enfoque de gestión de los casos en la transformación de la procuraduría a fiscalía.