De los poco más de 3 mil sindicatos registrados en el ámbito federal, cerca de mil ya han adecuado sus estatutos a los nuevos lineamientos de la reforma laboral, entre ellas democracia, libertad sindical, rendición de cuentas y representación proporcional de género en sus directivas, afirmó el subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfredo Domínguez Marrufo.

Expuso que las agrupaciones sindicales tienen de plazo para realizar las modificaciones a sus estatutos hasta el próximo 31 de diciembre.

Además, a dos meses de que entró en vigor el protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajo, 50 sindicatos están listos para realizar el proceso y recientemente se entregó la primera constancia.

En entrevista, el funcionario también informó que en la puesta en marcha del sistema de justicia laboral, 10 entidades ya fueron preseleccionadas para la primera etapa, que se prevé aplicar a partir del último trimestre del próximo año. Entre las entidades están Baja California Sur, estado de México, Hidalgo y Tlaxcala.

También dio a conocer que en esta semana concluye la primera etapa de formación de los nuevos operadores del sistema de justicia laboral a cargo del Poder Judicial de la Federación.

Domínguez Marrufo afirmó que la reforma laboral avanza y se cumplirán los tiempos fijados para su aplicación. Respecto a los amparos contra la reforma laboral tramitados por sindicatos, detalló que son cerca de 400, pero éstos no reclaman aspectos fundamentales como la justicia laboral.

Más salarios vencidos

En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) reconocieron la aprobación en comisiones del Senado de la reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, con la que se amplía el pago de 12 a 24 meses de salarios vencidos en los juicios por despido injustificado y se aumenta de 2 a 4 por ciento el pago de intereses.

El senador calificó lo aprobado de trascendental paso para la justicia laboral. Consideró que la reforma de 2012 violenta los derechos de los trabajadores y provoca el erróneo incentivo perverso de dilatar procedimientos legales por años.

Héctor de la Cueva, coordinador general del CILAS, señaló que de aprobarse en el Congreso sería un avance, aunque limitado, porque debería regresarse al espíritu previo a la reforma neoliberal de 2012, en el que no existía un límite para los pagos.