La población del municipio de Aldama, Chiapas, sigue enfrentando condiciones de violencia, inseguridad y falta de protección debido a una disputa por tierras con el municipio de Chenalhó.

Lo anterior ha derivado en el asesinato de una persona de la comunidad de Tabak y el desplazamiento de varias familias hacia montañas, cuevas y sembradíos.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 71/2019 al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

Aldama y Chenalhó disputan la propiedad de 60 hectáreas, y desde 2015, por las noches comenzaron a suscitarse agresiones armadas, las cuales se intensificaron en 2018, señaló la CNDH.

El organismo comprobó que el gobierno local ha intentado resolver el conflicto, por lo que los cientos de familias desplazadas han retornado a sus comunidades y se han reforzado los patrullajes en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero esto ha sido insuficiente.

La CNDH destacó que debido a los ataques contra Aldama los niños no reciben clases, los servicios de salud son insuficientes y los alimentos escasean.

Para la CNDH quedó expuesta la responsabilidad del gobierno de Chiapas por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, así como al interés superior de la niñez, por lo que recomendó al gobernador la reparación integral del daño a las víctimas y a sus familiares.