Los grupos religiosos conservadores del estado de Baja California que se oponen al matrimonio igualitario y a la despenalización del aborto han adoptado una actitud cada vez más beligerante para impedir que dichas garantías sociales sean aprobadas en la entidad, lo cual ha generado un escenario de mucha polarización.

Así lo indicó Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), quien alertó que uno de los personajes que han adoptado un mayor protagonismo en esta coyuntura es el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, lo que pone en entredicho el carácter laico del Estado mexicano.

El pasado 5 de septiembre, recordó el activista, el jerarca católico convocó a diversos grupos religiosos a manifestarse frente al Congreso local para frenar cualquier intento de aprobar iniciativas –especialmente de la bancada de Morena– para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y avalar el matrimonio igualitario.

Sobre el Congreso del estado pende la amenaza del obispo de Mexicali de regresar con más gente para impedir cualquier intento legislativo de reformar el Artículo 7 de la Constitución de Baja California, así como los códigos civil y penal. Es una resistencia muy respetable, pero que provoca mucha polarización en la sociedad, alertó Ramírez Baena.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que cualquier acto de discriminación es ilegal, diversos partidos políticos siguen impulsando una agenda contraria a los grupos de diversidad sexual o al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo cual agrava el problema, señaló.

Hay una gran cantidad de población que va con esta idea de discriminar a un grupo por su orientación sexual y negarse a que en las escuelas se incluya educación sexual y de salud reproductiva. Si los tuviéramos, quizá no habría esta sociedad desinformada y, hasta cierto punto, miedosa, añadió.

Para el director de la CCDHN, el factor más preocupante en este momento es que la participación del obispo de Mexicali en las movilizaciones contra el aborto y el matrimonio igualitario trastocan el carácter laico del Estado mexicano, y ahí es donde debería intervenir la Secretaría de Gobernación para apercibir a Guerrero Macías de posibles sanciones.