La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, dio a conocer nueve recomendaciones por actos de tortura cometidos en contra de 176 víctimas directas –de las cuales 5 por ciento son adolescentes– y 70 indirectas.

En la presentación de las recomendaciones 10 hasta la 18 señaló que se trata de un proceso arraigado no sólo en la ciudad, sino en el país, por una falla estructural del Estado y un pacto de impunidad, porque son pocos los detenidos.

Hoy, dijo, se requiere que se castigue administrativa y penalmente para evitar su repetición y denunciar la relación entre tortura y corrupción que lleva a pagar cuotas en las cárceles hasta obtener una declaración autoincriminatoria.

Consideró que los casos seguirán siendo generalizados mientras las instituciones no dispongan de un sistema de cero tolerancia a la tortura, lo den a conocer públicamente, reconozcan este problema estructural y reparen el daño.

El sistema penitenciario, la Procuraduría General de Justicia y las secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana tienen 15 días para responder a estas recomendaciones, donde 80 por ciento de las quejas que dieron lugar a ellas se presentaron entre 2012 y 2018.

Además, a la SSC se le pide revisar o modificar el acuerdo 13/2014 relacionado con el protocolo de actuación en manifestaciones, para evitar actos de tortura, así como tratos o penas crueles o degradantes en contra de adolescentes en su detención.

La procuraduría, en su tránsito a fiscalía, deberá a su vez integrar un mecanismo local de prevención y seguimiento a la tortura que realice, al menos, las funciones establecidas en las recomendaciones, puntualizó.

La subsecretaría del Sistema Penitenciario y la SSC, por su parte, elaborarán y remitirán al Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura un informe sobre tortura en centros de reclusión.

Se trata de una de las formas más graves de violación de derechos humanos en la vida de una persona, dirigida contra su dignidad, dijo ante el segundo y cuarto visitadores, Iván García y Juan Carlos Arjona, respectivamente, quienes integraron las quejas para elaborar las recomendaciones.

Dichas autoridades, precisó, deberán realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y manifestar un compromiso explícito para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura, señalando acciones concretas en el corto, mediano y largo plazos.

Mencionó que deberán generar y ejecutar un plan integral individualizado de reparación para las víctimas directas. En el caso de la 14/2019, será aplicado para las indirectas, y en todos deberán otorgar atención médica y sicosocial.