Ante la liberación de dos implicados más en el caso Iguala, los integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, encabezada por la Secretaría de Gobernación (SG), lamentaron que el sistema de impartición de justicia interprete la ley mecánicamente, subordinando el derecho de las víctimas y renunciando a su mandato.

El viernes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, denunció que a esa fecha quedaban en proceso 64 personas de las 142 detenidas por la indagatoria de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

El juzgado primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas ordenó la liberación inmediata de Carlos C. y Raúl J., probables implicados en la desaparición de los 43 normalistas .

La dependencia agregó que el órgano jurisdiccional radicado en Tamaulipas comunicó el auto de libertad por falta de elementos para procesarlos, con las reservas de ley.

Como había anunciado el subsecretario Alejandro Encinas, a los dos probables implicados en la de-saparición de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos no se les pudo procesar por los delitos delincuencia organizada, y en el caso de Raúl J., tampoco por desaparición forzada, añadió.