Mientras el nivel de recaudación derivada del consumo se ha reducido, el PAN en la Cámara de Diputados presentó una reforma integral en materia de ISR, IEPS e IVA, cuyas tasas deberían bajar con objeto de reactivar la economía nacional. Los panistas aducen que las políticas actuales en materia de consumo e inversión (pública y privada) han generado una cadena de efectos negativos que se reflejan en las variables económicas a la baja.

De acuerdo a su oferta política, los panistas reprochan al gobierno federal que no se ajuste a los criterios y mediciones que imponen las neoliberales calificadoras Moody’s y Fitch, pues en materia de atracción de inversiones, no existen elementos que hagan suponer que a corto y mediano plazos la situación mejorará. Es evidente que el gobierno federal no ha generado la certidumbre jurídica y económica para incentivar al capital extranjero a quedarse en el país, por lo que busca otras economías que hipotéticamente le pueden asegurar mejores ­condiciones.

La propuesta panista desliza que la situación económica que hoy vivimos también podría ser consecuencia de la administración anterior (la de Enrique Peña Nieto), por no haber impulsado una reforma fiscal de envergadura y por no haber instrumentado adecuadamente las reformas estructurales como la energética y la financiera, que en combinación con la del actual gobierno, ponen en una situación de presión financiera al gobierno federal.

El PAN, aduce que para mejorar el ingreso de las familias mexicanas, su proyecto de miscelánea fiscal incluye lo siguiente:

Reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para disminuir el impuesto que se cobra a personas morales de 30 a 28 por ciento, para incentivar la inversión y la reinversión en el sector productivo, impulsar la generación de empleos y contribuir al crecimiento económico del país. También en torno a la misma ley proponen eliminar el pago de impuestos de personas físicas que ganen menos de 10 mil pesos, para apoyar la economía de quines menos tienen.

Sobre el impuesto al valor agregado (IVA) se eleva una propuesta “para incorporar en el texto de la ley, la reducción de 18 a 8 por ciento del impuesto establecido en el decreto para la región fronteriza, y hacer participable 100 por ciento, la recaudación que obtengan las entidades federativas del IVA que efectivamente se pague y se entere a la Federación. Con esto, las entidades federativas podrían evitar la necesidad de contratar créditos de corto plazo para cubrir necesidades inmediatas, que no afectarían a la recaudación fiscal del país y contarían con recursos adicionales para invertir en infraestructura social y combate a la pobreza.