e seguro, si se pregunta a los presidentes municipales por qué los cabildos que los acompañan no redactaron en seis meses reglamento alguno para aplicar la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del estado, que hoy cobra vigencia, todos tendrán argumentos razonables y creíbles: uno podrá referirse a la situación de desastre en que recibieron los ayuntamientos, que los ha obligado a trabajar horas extras y a concentrar su atención en impedir que se les hunda el barco.

Otro puede ser la drástica reducción de apoyo financiero del nuevo gobierno federal y, por ende, del gobierno estatal –obligado a extremar la administración de los recursos a su disposición–; la delincuencia sería un tercer argumento de peso, pues es un elemento capaz de paralizar las actividades lícitas, económicas o no, como lo han demostrado la extorsión y el secuestro, por mencionar sólo dos expresiones del crimen.

Pero ningún argumento, por razonable que sea, debería ser pretexto para incumplir con la disposición oficial. Y no tanto porque se trata de una ley como porque en este caso se refiere a un asunto de vida o muerte: la proliferación de plásticos en el planeta –y en la parte que Guerrero ocupa en él–, que van a dar a vertederos, a ríos, lagunas y mares, donde contaminan y matan a miles de ejemplares de muchas especies a diario durante mucho tiempo.