l pasado 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de Amnistía que se propone liberar a personas presas cuyos contextos de vulnerabilidad influyeron en su criminalización: indígenas que no contaron con apoyo de traductor, mujeres encarceladas por delitos de drogas que fueron coaccionadas para cometerlos, primo-delincuentes presos por robo, presos políticos acusados de sedición, mujeres en prisión por aborto y personas con adicciones sentenciadas por delitos contra la salud.
Simbólicamente la Ley de Amnistía reconoce, lo que desde el activismo y la academia venimos diciendo reiteradamente, que las cárceles en México son habitadas por mujeres y hombres, morenos y pobres, que no pudieron pagar el precio de la justicia. Se trata de un reconocimiento de las arbitrariedades de un sistema punitivo, que no contextualiza el delito y no busca formas alternativas de justicia.
Las críticas a la iniciativa han venido de quienes apuntan a sus limitaciones por el poco impacto que tendría en el número de personas excarceladas, ya que se restringe a presos y presas del fuero federal. Paralelamente, desde la derecha quienes defienden el punitivismo, continúan repitiendo sus discursos estigmatizantes contra cualquier persona que haya habitado las cárceles de la nación, oponiéndose a la amnistía.
Desde perspectivas más matizadas, organizaciones feministas y de derechos humanos como AsiLegal, Equis Justicia para las Mujeres, la Colectiva Hermanas en la Sombra y Mujeres por la Libertad, han emitido un comunicado en el que señalan que si bien la Ley de Amnistía reconoce la deuda histórica que se tiene con diversos sectores vulnerables, la propuesta debe acompañarse de reformas al sistema de justicia y de una estrategia integral en materia de reinserción social con una perspectiva de género e intercultural.
Sacar a las personas de la prisión, sin un programa que les permita encontrar una vivienda y un trabajo dignos, es regresarlas al contexto de vulnerabilidad que posibilitó su criminalización. A la fecha en la mayor parte del país, las personas excarceladas no cuentan con ningún apoyo en el difícil reto emocional, social y económico que implica el regreso a la vida en libertad. Paralelamente, se necesitan reformas legislativas que eviten la criminalización de la pobreza, legalizando las drogas y el aborto, entre otros delitos.
Esta propuesta de Ley de Amnistía, puede ser el inicio de transformaciones más profundas en el sistema de justicia y en el sistema penitenciario que desestructuren las prácticas racistas, clasistas y misóginas que se siguen reproduciendo en México, y que han convertido a las cárceles en centros de tortura o en negocios articulados al complejo industrial penal.
El desarrollo de políticas públicas que traten el problema de las drogas como un asunto de salud pública, mediante programas de prevención y rehabilitación, en vez de políticas punitivas y criminalizadoras, evitaría el encarcelamiento de miles de hombres y mujeres pobres, cuyas vidas se han visto truncadas primero por las drogas y luego por el encarcelamiento. El respeto a las jurisdicciones indígenas y a la justicia comunitaria, evitaría el uso colonial del derecho estatal para encarcelar a población indígena, desarraigándola y alejándola de sus comunidades.
El desarrollo de medidas alternativas, como el arresto domiciliario, para las madres de niños y niñas menores de edad, evitaría que las vidas de miles de menores se pusieran en peligro, al quedar sin la supervisión y el cariño de sus madres.
La semana pasada, cientos de mujeres de todo el continente americano nos reunimos en Quito, Ecuador, en el Congreso Críticas de los sistema penal y penitenciario hacia una justicia feminista, y compartimos reflexiones sobre la necesidad de justicias alternativas y transformadoras, que no pasen por la segregación y el castigo de las más pobres y excluidas. Investigadoras, activistas feministas y ex internas, coincidimos en que los sistemas penitenciarios en América Latina, han sido una forma más de violencia colonial contra la población pobre y racializada.
Las cárceles han demostrado ser parte del problema y no la solución para las mujeres. Se necesitan formas creativas de enfrentar la conflictividad social, que no pasen por el castigo y la segregación, escuchar las voces de quienes han vivido en carne propia las violencias múltiples de nuestros sistemas carcelarios, es un primer paso para buscar alternativas a la justicia punitiva del Estado.
*Investigadora de Ciesas
