Quito. La policía reprimió ayer con gases lacrimógenos y pimienta una manifestación en las inmediaciones del presidencial Palacio de Carondelet, en abierto desafío al estado de excepción que decretó el gobierno de Lenín Moreno para contener protestas en todo el país por el incremento hasta de 123 por ciento al precio de los combustibles para cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al grito de “abajo el paquetazo”, los manifestantes arrojaron piedras y bombas incendiarias a elementos de la fuerza pública. Durante los incidentes, fotógrafos de medios nacionales fueron agredidos.

Las protestas, en las que también participaron transportistas, impidieron que tripulantes y pasajeros llegaran al aeropuerto Mariscal Sucre que decretó la suspensión de todas sus operaciones.

Hacia el mediodía, cientos de universitarios intentaron llegar al Palacio de Carondelet, pero unas calles antes fueron cercados por escuadrones policiales y carros antimotines, a los cuales lanzaron piedras mientras eran repelidos con gas pimienta.

Los transportistas pararon en varios puntos; taxistas bloquearon con sus unidades calles en esta capital y otras ciudades, mientras con camiones, piedras y neumáticos en llamas bloquearon la circulación en carreteras, en la mayor movilización en Ecuador desde 2007, cuando asumió el izquierdista Rafael Correa (2007-2017), cuyo sucesor, Lenín Moreno, se distanció de él tan pronto asumió el poder.

También fueron suspendidas las clases en el país. En Quito autobuses y taxis dejaron de circular. Miles de ecuatorianos hicieron largas caminatas o viajaron apiñados en vehículos particulares por la huelga de cooperativas de transporte público, taxis y camiones.

La situación se repitió con mayor o menor intensidad en ciudades como Guayaquil, Ibarra, Cuenca y Ambato, en rechazo al aumento al precio de los combustibles.

Algunas personas robaron locales comerciales y realizaron otras acciones vandálicas como atacar sin motivo vehículos particulares, especialmente en barriadas marginales del puerto de Guayaquil. En este país no se han producido grandes saqueos en las últimas décadas.

Al cierre de esta edición se habían reportado 19 detenidos y no había una cifra oficial de heridos. Moreno aseguró que se están controlando casi en su totalidad los focos de violencia que se han generado.

Las protestas se tornaron violentas luego de que ayer entraron en vigor los aumentos hasta de 123 por ciento en los combustibles por la eliminación de subsidios, vigentes desde hace 40 años, en cumplimiento de acuerdos con el FMI.

Moreno ordenó el estado de excepción por 60 días en un intento por frenar el creciente malestar social ante el paquete de medidas convenido con ese organismo, a cambio de millonarios créditos destinados a aliviar la falta de liquidez por sobreendeudamiento.

Protestas sociales se saldaron con el derrocamiento de tres mandatarios entre 1996 y 2007, periodo en que Ecuador tuvo siete presidentes.

El jueves el galón americano de diésel pasó de 1.03 dólares a 2.30 y la de gasolina corriente de 1.85 a 2.40, por lo que organizaciones de indígenas y sindicales también están considerando salir a protestar contra el gobierno.

Los precios quedaron sujetos a los del mercado una vez que Moreno eliminó los subsidios para esos combustibles que demandaban unos mil 300 millones de dólares anuales. Hace un año liberó el precio de la gasolina premium, que ahora cuesta 3.15 dólares el galón.

La medida es parte de reformas tributarias y laborales que el Ejecutivo impulsa en función del acuerdo con el FMI para conseguir créditos por 4 mil 209 millones de dólares.

El sector del transporte exige que se dejen sin efecto estos aumentos o por lo menos que haya compensaciones económicas.

El ministro de Transporte, José Martínez, explicó que se analiza ajustar levemente los pasajes de autobuses en provincia, mientras la revisión de las tarifas urbanas corresponde a las alcaldías.

Otros organismos multilaterales también entregarán 6 mil 70 millones de dólares en préstamos a Ecuador, que por falta de liquidez ha emitido bonos de deuda por más de 10 mil millones de dólares.

Su pasivo externo subió a 39.491 millones de dólares (36.2 por ciento del PIB) en julio, creciendo en casi 47 por ciento en el actual gobierno.