La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México llamó a los trabajadores del gobierno capitalino que hayan sido coaccionados a participar en el cinturón de paz en la marcha conmemorativa del 51 aniversario de la masacre del 2 de octubre a presentar su queja.

Nashieli Ramírez, presidenta del organismo, informó que únicamente se ha iniciado una por el robo de un celular por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya identificado; y se está a la espera de que uno de los 15 agredidos, un menor de edad, quiera denunciar.

Médicos de la comisión se trasladaron al Hospital Balbuena, donde se encuentra, e hicieron una mecánica de investigación para determinar qué tipo de operativo lo agredió, pero tuvimos una protesta menos violenta respecto de sus dimensiones y el contexto de las otras, señaló.

En la presentación de la convocatoria Derechos al aire: la voz de niñas, niños y adolescentes, afirmó que “no podemos felicitar –a las autoridades–, pero sí podemos sacar experiencias importantes, pues hubo menos gente herida…, menos confrontaciones”.

Las pintas en el mobiliario urbano, sin embargo, continuaron, pero tenemos que valorar qué sigue y hay un compromiso de hacer mesas de trabajo con el gobierno de la ciudad; regresemos a los protocolos que hay, revisemos, todo se puede mejorar, comentó.

Hoy, puntualizó, no podemos generalizar que hubo uso excesivo de la fuerza. En todos los procesos de masificación hay policías de investigación que no están uniformados, y si hubo excesos debe investigarse, porque no se debe estar por encima de los protocolos.

La participación de trabajadores en el cinturón de paz fue voluntaria, dijeron, y a menos que expongan otra situación, no habría elementos para abrir una queja en el aire, cuya función no era intervenir, contener o hacer acciones de seguridad, sino llamar a la gente a manifestarse en paz.

No sé cómo los sacaron; estamos esperando las quejas pertinentes. Estamos abiertos y si fueron coaccionados se abrirán las quejas respectivas, porque no podemos plantear una violación per se, puntualizó.

Las mayores expresiones de violencia, reconoció, se dieron entre adolescentes, pero la labor del Estado es protegerlos, por lo que el regaño del presidente de la República está dentro de la lógica jurídica de protección a los menores de edad.