Los partidos políticos en el Congreso capitalino expresaron su disposición a continuar trabajando con el gobierno de la ciudad en la construcción del entramado legal y el diseño de las instituciones que requiere para garantizar su gobernabilidad y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Ante la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, las fuerzas de oposición y aliadas de la administración local reconocieron la apertura al diálogo y de respeto a la división de poderes con la que se ha conducido, sin dejar de advertir pendientes sobre temas en los que centraron sus preguntas hacia la funcionaria, particularmente la situación del sistema penitenciario y la violencia hacia las mujeres.

En sus respuestas, Rodríguez anunció que a finales de octubre y principios de noviembre comenzará a funcionar un programa de digitalización y centralización de trámites y servicios para combatir actos de corrupción y delitos –como las llamadas de extorsión que se realizan desde el interior de los penales–, desarrollado en conjunto con el gobierno federal, la Agencia Digital de Innovación Pública y otras áreas del gobierno de la ciudad.

Entre dichas acciones –que iniciarán en el Reclusorio Norte y espera concluyan en los 13 penales de la ciudad en no más de dos años– adelantó como ejemplo que el pase de lista no lo hará personal penitenciario, sino el Programa de Derechos Humanos, y los trámites de familiares para visitas o para introducir material de trabajo se hará de manera digital; en tanto, se abrirán cuentas bancarias a los internos que realizan actividades laborales para asegurar que reciban el pago que les corresponde y tengan el control de sus ingresos.

En el caso de la violencia hacia las mujeres, señaló algunas acciones que se han aplicado, que, dijo, van más mucho más allá de las consideradas en la declaratoria de alerta de género, y aclaró que no están en contra de dicho mecanismo, sino de su fortalecimiento.

Los legisladores reconocieron además las acciones de gobierno en la atención humanitaria a los migrantes centroamericanos a su paso por la ciudad y la coordinación con los gobiernos de los estados de México e Hidalgo para la gobernanza metropolitana.