Como una medida para atenuar el grave problema de desaparición de personas en México, la Cámara de Diputados reformó la Ley del Seguro Social para que familiares de un trabajador desaparecido puedan recibir la pensión del seguro de invalidez y vida con carácter provisional.

Con la reforma, que se turnó al Poder Ejecutivo para que pueda entrar en vigor cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación, si un pensionado desaparece sin que se tengan noticias de su paradero durante un mes, los familiares disfrutarán de la pensión, previa solicitud.

Para ello sólo se requerirá que los familiares del afectado demuestren la relación de parentesco y la desaparición de la persona, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia, debido a que la declaratoria de esta suele resolverse hasta seis meses después.

También prevé que, si posteriormente y en cualquier tiempo, el pensionado se presenta, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y recibir las diferencias entre el importe original y el que haya sido entregado a sus familiares.

El dictamen de la Comisión de Seguridad Social, que se votó por unanimidad de 369 votos, planteó que la desaparición de personas constituye un grave problema que requiere mayor sensibilidad del Estado, así como de una profunda solidaridad con los familiares de las personas desaparecidas.

También reconoció que ese fenómeno constituye una violación múltiple, grave y permanente de derechos esenciales de las personas, como a la libertad, la integridad personal, la vida y personalidad jurídica.

Citó que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común, que siguen sin ser localizadas, asciende a 32 mil 265 personas.

De esa cifra, con corte al 30 de abril de 2018, 26 mil 938 son hombres y 9 mil 327 mujeres, lo cual refleja un grave problema de diversos factores, como corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y delincuencia organizada, que se agudiza ante condiciones de desigualdad y pobreza que padece la población víctima de extravío o desaparición.

En la misma sesión, el pleno aprobó una reforma a las leyes del Seguro Social y Federal del Trabajo, para garantizar la seguridad social a trabajadores jornaleros agrícolas. Con ello se prevé que puedan ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, y que los patrones convengan con ellos un programa que permita su acceso a servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para ello se tomarán en cuenta sus condiciones socioeconómicas y si los jornaleros se encuentran en estado de pobreza extrema.