La revelación de la lista de empresas y personas físicas que fueron beneficiadas con condonaciones y cancelaciones fiscales deja claro que este tipo de perdones se otorgaron en particular a los contribuyentes que tienen más recursos económicos, lo que daña las finanzas públicas y mina la confianza de los ciudadanos en las autoridades.

Así lo afirmó Iván Benumea, investigador del programa de justicia fiscal del Centro de Análisis e Investigación Fundar, quien lamentó que los impuestos no cobrados ya no podrán ingresar en las arcas públicas, pero al mismo tiempo saludó la iniciativa del actual gobierno para terminar definitivamente con las exenciones.

La lista revelada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirma que las condonaciones de impuestos y multas se concentran en personas que tienen muchos recursos y que son los que más adeudan, es decir, son beneficios fiscales que atentan contra la progresividad del sistema tributario, de que quien más tiene, más aporta.

En esa medida, señaló el experto, se confirma que las amnistías fiscales tienen impactos muy negativos tanto en las finanzas públicas como en la credibilidad de nuestras autoridades hacendarias, porque si se perdonan tantos impuestos, tan continuamente, los contribuyentes no tienen incentivos para pagar.

El investigador celebró que el actual gobierno esté legislando para que la condonación de impuestos quede prohibida, al tiempo que consideró que quienes se han amparado para evitar que se conozcan sus datos no los podrán ocultar por mucho tiempo más.

Benumea mostró su beneplácito porque la información recién divulgada nos abre el camino hacia una mayor transparencia de cómo se pagan los impuestos en nuestro país y además revela actos legales, pero ilegítimos, que ocurrieron en otros sexenios.

Por su parte, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), Francisco Javier Acuña, saludó que se diera a conocer la lista de beneficiarios de perdones fiscales y consideró que muy probablemente se revelarán los nombres de los 201 contribuyentes que se ampararon para evitar la difusión de sus datos.