Brasilia. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aplazó para hoy el debate que determinará el alcance de un fallo que podría anular decenas de sentencias de la megaoperación contra la corrupción Lava Jato (Lavado Rápido), incluida una que afectaría al encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por seis votos contra cinco, los jueces del STF otorgaron ayer un habeas corpus al ex gerente de la estatal Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupción y lavado, al considerar que en la última etapa del proceso penal los delatados deben hablar después de los delatores para tener asegurado su derecho a una plena defensa.

La anulación de la sentencia de Ferreira –al igual que otra condena revertida en agosto en condiciones similares– podría generar una lluvia de pedidos de anulación de sentencias de la megacausa, por lo cual los magistrados también votaron a favor de determinar el alcance de esa decisión.

En la sesión de este jueves los jueces establecerán así una tesis u orientación que defina en qué casos deberá aplicarse esta regla.

José Antonio Dias Toffoli, presidente de la corte, propone conceder el beneficio cuando se demuestre el perjuicio que causó al condenado el orden de los alegatos finales y en casos en los que la defensa haya cuestionado el proceder de los alegatos finales ante el juez de primera instancia.

Las condiciones podrían cambiar a lo largo de los debates.

Los fiscales de Lava Jato advierten de que dependiendo de los límites que imponga el STF, su decisión podría derivar en la anulación de decenas de sentenciados en la megaindagatoria de corrupción.

Entre las condenas anuladas podría estar una de primera instancia que afecta al ex presidente Lula, de 73 años, en el caso del Sitio de Atibaia, por el que fue sentenciado, sin pruebas, a 12 años y 11 meses de cárcel.

Aunque mejoraría su situación, una eventual anulación de ese caso no implicaría su liberción, ya que el líder de la izquierda brasileña está preso desde abril de 2018 por otro caso, ya juzgado por tribunales superiores y que no sería alcanzado por este fallo del STF, según explicaron juristas a la agencia Afp.

Lula fue condenado a ocho años y 10 meses de cárcel tras ser declarado culpable, también en este caso, sin pruebas, de haber recibido un departamento de una de las constructoras involucradas en sobornos de Petrobras.