Monterrey, NL., La comisión legislativa anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó ayer por unanimidad un acuerdo para radicar un procedimiento de sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario de Gobierno, Manuel González, tras comprobarse que en 2018, cuando el mandatario buscó ser candidato independiente a la Presidencia, se usaron recursos públicos para recoger firmas que avalaran la postulación.

Se darán cinco días hábiles a ambos funcionarios para que preparen pruebas y alegatos. El plazo correrá a partir de que El Bronco y González sean notificados.

Además, se dio a conocer que el 15 de octubre se realizarán las dos audiencias; a las 10 de la mañana comparecerá el secretario de Gobierno, y el mandatario estatal a las 15 horas. Cada reunión, a celebrarse en el vestíbulo del Congreso nuevoleonés, durará 60 minutos.

Los recursos que el gobernador y González utilizaron incluyen a funcionarios y equipos de cómputo propiedad del estado que fueron usados para conseguir las firmas necesarias para que Rodríguez lograra ser candidato independiente a la Presidencia. Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó a la legislatura estatal a sancionar al gobernador.

El castigo podría ir desde un apercibimiento hasta la destitución de ambos servidores públicos.

El 27 de septiembre pasado, Rodríguez interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra este proceso. Si es admitido por la SCJN, se dictarán medidas cautelares para detener el proceso aprobado por el Congreso mientras se dicta sentencia.

El primero de octubre la controversia fue radicada y turnada al ministro Eduardo Medina Mora –quien fue procurador general de la República en el sexenio de Felipe Calderón– para que decida si admite el recurso.

Denuncia en la CDMX

Integrantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron ante la Fiscalía General de la República a Jaime Rodríguez por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y corrupción, en los que habría incurrido al comprar un avión no tripulado que costó 57 millones de pesos, tres veces más que aeronaves de ese tipo que utiliza la Secretaría de Marina.

Presentaron la querella el senador de MC por Nuevo León, Samuel García, y Jorge Álvarez Máynez, secretario general de MC. Deploraron que se adquiriera la aeronave, que ahora requiere reparaciones sin siquiera haber realizado vuelos para apoyar labores de seguridad pública.

(Con información de Gustavo Castillo García)