Los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estuvieron entre la espada y la pared por la petición de información que hizo el Centro de Análisis e Investigación Fundar sobre los contribuyentes que recibieron condonaciones fiscales durante los dos gobiernos pasados, aseveró Margarita Ríos-Farjat, titular del organismo.

En todo momento y hasta donde fue posible el SAT protegió el secreto fiscal y por eso el litigio fue tan largo y arduo, ya que inició hace 10 años e incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero tuvo que cumplir una orden ejecutoria judicial de amparo y simplemente el juez se estaba reservando que no hubiera más mecanismos de defensa o amparos promovidos.

Una vez que entregó la información a Fundar, al SAT no le atañe el uso que le dé la organización, sostuvo la funcionaria, a pesar de que las revelaciones de empresas, dependencias públicas, políticos y hasta artistas beneficiados con las condonaciones fiscales fueron dados a conocer el martes pasado en una conferencia conjunta que encabezó con Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar.

El que nada debe...

El SAT hizo un cumplimiento estricto al marco de derecho, al marco que nos indica proteger el secreto fiscal pero la orden del Poder Judicial y la interpretación de los tribunales colegiados y de la SCJN fue privilegiar la transparencia, precisió Ríos-Farjat ante la revelación de datos personales de los contribuyentes y las posibles demandas que surjan al respecto.

Qué bueno que haya existido un litigio que vaya clarificando el alcance de las cosas, porque luego el servidor público en materia administrativa queda un poco entre la espada y la pared, reiteró durante una conferencia en la Secretaría de Economía (SE) sobre la campaña comercial El Buen Fin.

Por otro lado, aseveró que se sobredimensiona y está fuera de lugar el temor que genera entre los contribuyentes el recrudecimiento de las sanciones por la emisión y uso de facturas falsas al ser incluidos en los delitos de delincuencia organizada y contra la soberanía nacional en las recientes reformas legislativas aprobadas al respecto, “como si no existieran tribunales, recursos administrativos y todo un marco que constantemente ampara el derecho de audiencia y del debido proceso.

Son un montón de recursos legales con los que cuentan los contribuyentes, tanto antes como después de que el SAT emita un dictamen e insistió en el que nada debe, nada teme.