Arturo Medina Vela fue internado cuatro años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial (Cevarepsi), al ser responsabilizado por el robo de un vehículo en 2011 y ser declarado inimputable debido a su discapacidad sicosocial e intelectual.

Dada su condición, a lo largo del proceso las autoridades judiciales le negaron la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente, aportar pruebas para su defensa e impugnar las presentadas contra él, así como designar al abogado de su elección.

Ante estos actos, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció por primera vez en un caso de este tipo en el país y determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de garantías.

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, destacó que este caso refleja un problema estructural. El sistema actual está diseñado para excluir a las personas con discapacidad y no para hacerlas parte. Lo que le sucedió a Arturo es un ejemplo de lo profundamente discriminatorio que resulta la figura de inimputabilidad, dijo.

En conferencia de prensa señaló que bajo este procedimiento especial se niega la participación activa de la persona con discapacidad y no protege sino que quita derechos procesales.

Además, resaltó que la medida de sanción que se le impuso a Arturo, de privarle de su libertad cuatro años, se estableció con base en su discapacidad y no en el acto delictivo. Bajo esta figura se puede someter a las personas con discapacidad a medicación forzosa y se mantiene un estigma sobre su supuesta peligrosidad.

Jan Jarab llamó al Estado mexicano a que cumpla con todas las recomendaciones que le formula el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, entre ellas que en estrecha consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones, reforme las legislaciones a nivel local, estatal y federal en relación con la figura de inimputabilidad.

Revise la aplicación de medidas de seguridad que discriminan por motivos de discapacidad y generar alternativas ajustadas con los principios de la Convención. Además, dar apoyos y ajustes razonables para que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica ante los tribunales.

María Sirvent, directora general de la organización Documenta que presentó el caso ante el comité en 2015, señaló que en la resolución se recomendó al Estado dar una reparación efectiva a Arturo, incluido el rembolso de cualesquiera costos judiciales en que haya incurrido, junto con una indemnización; reconocer públicamente la violación de sus derechos humanos y publicar el dictamen en formatos accesibles.