Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte aceptó reponer el procedimiento del auto de vinculación de enero pasado contra Salvador Lara Martínez, ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), luego de ganar un amparo que le concedió un tribunal colegiado por violaciones al debido proceso.

Además dejó sin efectos la resolución de la audiencia inicial del 23 de enero de este año, en la cual se le formuló imputación. Por ello el juzgado primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México acordó que la demanda causó estado. Es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado [reposición del procedimiento], pues las cosas han vuelto al estado en que se encontraban antes de su realización y con ello se restituyó a la parte quejosa en pleno goce de los derechos que dijeron violados, como si se le hubiese otorgado la protección constitucional.

Lara está vinculado al desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2018, conocido como la estafa maestra.

Se le señala de supuestamente firmar un contrato entre la UPSZ y la Secretaría de Agricultura, la cual contrató a la universidad para labores de apoyo a la infraestructura tecnológica de la dependencia federal, dar soporte a la operación de programas institucionales y garantizar su continuidad.

Lo anterior derivó en un probable daño patrimonial por más de 8 millones de pesos, advirtió en su momento la Auditoría Superior de la Federación. Por este caso, Lara fue inhabilitado por 20 años para desempeñar cargos públicos.

Por otra parte, un juez federal concedió una suspensión provisional a Juan de Dios Nochebuena, ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, contra cualquier orden de aprehensión, quien también continúa en proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de dar una aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales con ellos. Se le acusó de firmar un convenio específico en febrero de 2016 con el entonces director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de Sedatu, Armando Saldaña Flores, causando un quebranto de 185 millones de pesos.

Mientras, otro juez puso fin al amparo que solicitó Sonia Angélica Zaragoza, ex directora de recursos humanos de la extinta Sedesol, y en consecuencia le negó la protección de la justicia, ya que según el fallo la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia informaron que por el momento no existe carpeta de investigación en su contra.

Entre los datos de prueba que el Ministerio Público Federal presentó en la audiencia de Robles, vinculada a proceso en agosto, mencionaron que Angélica Zaragoza firmó un convenio con la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEMor), generando un supuesto quebranto a la hacienda pública por 22 millones 462 mil pesos.