La declaración 3de3 que rinden los servidores públicos debería incluir más información sobre los bienes de sus familiares y dependientes económicos, pero sobre todo debe formar parte de un sistema de monitoreo de evolución patrimonial que tenga funciones preventivas, más que tener un enfoque meramente punitivo, afirmaron especialistas en temas de transparencia y lucha contra la impunidad.

Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, consideró que en el tema de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, las autoridades aún se encuentran en una curva de aprendizaje para saber qué incluir en ellas y cómo interpretar esos datos, pero casos como el de Manuel Bartlett –acusado de no incluir más de 20 inmuebles, además de su participación en empresas– deben servir como alerta para aumentar las capacidades de vigilancia social.

Para la investigadora y docente, sería necesario dar el paso de publicar el monto completo y detallado de los bienes de los servidores públicos y sus familiares, no sólo el porcentaje de aumento o decremento de los mismos, pero no con fines estrictamente de persecución y castigo, sino como herramienta de monitoreo para ver si su patrimonio se corresponde con sus ganancias.

Buscar una sanción por las omisiones es una locura, porque quizá éstas sean deliberadas, pero también podrían ser accidentales. Más bien debería haber la posibilidad de rectificar y hacer adendas, y no que haya consecuencias punitivas de inmediato. No serviría, porque el que quiere mentir lo hará con o sin castigo, estimó.

Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la organización Tojil-Estrategia contra la Impunidad, consideró que más que reformar ahora las leyes que rigen las 3de3, sería necesario aplicar las actuales, hasta tener datos objetivos para saber si es necesario modificarlas.

Más allá de revelar con exactitud el monto de los bienes de los funcionarios y de sus familiares o aspectos como la dirección de los inmuebles que poseen, es necesario que las declaraciones patrimoniales formen parte de un sistema que logre verificar si hay congruencia entre el nivel de riqueza de un servidor público y sus ingresos, y que lo haga sin esperar a que haya una demanda externa sobre posibles irregularidades.

Destacó la importancia de la indagatoria de la Secretaría de la Función Pública sobre Bartlett, pues de ello dependerá la credibilidad que tenga en el resto del sexenio.