La falta de sanción de los delitos que ocurren en México no sólo agravia a quienes los padecen, sino que también se traduce en pérdidas económicas para la población que podrían superar 420 mil millones de pesos al año, señala un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y de la organización Critical Thinking Advocates (Creatura).

El país atraviesa una grave crisis de impunidad que erosiona aún más la confianza de los mexicanos en sus instituciones. Esta situación ha traído innumerables costos, varios de ellos irreparables y difíciles de cuantificar, pero que tienen un considerable impacto económico, señaló Patricia de Obeso, socia de Creatura, quien presentó el estudio titulado Costos de la impunidad, elaborado por los investigadores Daniel Vázquez, Laura Rubio, Horacio Ortiz y Eva Arceo.

Según dicho análisis, la alta incidencia de delito podría costar a México 422 mil 390 millones de pesos cada año (equivalentes a 0.57 por ciento del producto interno bruto, PIB), debido a los distintos niveles de afectaciones económicas que padecen las víctimas de actos delictivos, como asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, las cuales finalmente también perjudican a sus familias y a regiones enteras.

De continuar esta tendencia, para 2030 los costos podrían ser de 3 por ciento del PIB y para 2050 alcanzarían 13 por ciento de dicho indicador, al llegar a 8.7 billones de pesos.

Alejandro Anaya, académico del Iteso, indicó que el aumento de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes –relacionado con la llamada guerra contra el narcotrafico– generó una caída de 0.62 por ciento del PIB anualmente.

Guerrero, con mayor falta de sanción de delitos

De igual forma, los homicidios cometidos entre 2007 y 2018 habrían provocado una pérdida de al menos 135 mil millones de pesos, la cual a su vez podría traducirse en una baja de 12 por ciento del PIB hacia 2050.

Ambos especialistas señalaron que el promedio de impunidad en todo el país en el periodo 2010-2016 fluctuó entre 92 y 97.5 por ciento. En dicho panorama, el estado con mayor nivel de falta de sanción fue Guerrero, con 97.5 por ciento, mientras el índice más bajo fue de Baja California, con 91.9.

En sentido opuesto, afirmaron los presentadores, por cada punto porcentual que México lograra reducir en impunidad, habría hasta 173 personas desaparecidas y 182 desplazadas menos al año.

Si la impunidad hubiera sido 10 por ciento menor en el periodo 2007-2018, se habrían prevenido más de 20 mil desapariciones (56 por ciento de las que admiten los registros oficiales), las cuales se tradujeron en pérdidas salariales aproximadas de 10 mil 226 millones de pesos, equivalentes a 0.013 por ciento del PIB anual.

En el mismo sentido, el informe indica que si el gobierno de México lograra aumentar su efectividad o calidad de trabajo institucional a los niveles existentes en Costa Rica, los homicidios se reducirían a la mitad, mientras que si llegara a los estándares de Uruguay, dichos crímenes disminuirían casi 72 por ciento.