or fin, la concentrada industria de alimentos y bebidas chatarra mordió el polvo, pues ayer la Cámara de Diputados aprobó (445 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones) la Ley General de Salud que obliga a ese sector, como medida de advertencias, a etiquetar e informar, frontal y detalladamente, el altísimo contenido calórico que contienen sus productos.

En esta ocasión el intenso cabildeo por ella realizado no alcanzó a doblegar a los diputados, como sí lo hizo en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando se fue al caño el intento –con miras de combatir la obesidad y la diabetes– del etiquetado referido.

Sólo como ejemplo, con el comandante Borolas en Los Pinos fracasó todo intento de cancelar la venta de productos chatarra en las escuelas, y con EPN la denominada Cruzada Nacional contra el Hambreincorporó a las trasnacionales refresqueras, entre otras, para que participaran en ese esfuerzo gubernamental, sólo para que los mexicanos en pobreza alimentaria se hincharan la panza con productos de alto contenido calórico.

La crónica de La Jornada (Enrique Méndez y Roberto Garduño) dice así: “en larga espera de 12 años, ayer se tomó en San Lázaro una relevante decisión en materia de salud pública, por la cual se combate los nada honoríficos primer lugar mundial de México en obesidad infantil y segundo lugar en población adulta. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley General de Salud que impone a todos los alimentos chatarra y bebidas con altos niveles calóricos, el etiquetado frontal de advertencia en esos productos.

Con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias, y ante el embate político y mediático de las empresas dedicadas al procesamiento de alimentos elaborados con elevados grados de azúcar, sal, grasas polinsaturadas (grasas saturadas) y calorías, la ley se aprobó en lo general y lo particular. Las empresas refresqueras, galleteras, panificadoras, de papas fritas que a lo largo de décadas se constituyeron en emporios alimenticios sin que mediara norma alguna para alertar a los consumidores de los riesgos, intentaron echar abajo la nueva reforma. En los meses recientes, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (con ganancias multimillonarias) y el Consejo Coordinador Empresarial dedicaron un amplio cabildeo con diputados y senadores para frenar el proyecto.

La nueva ley podría resolver la mitad del delicado cuan creciente problema de obesidad y diabetes en el país, pero el otro 50 por ciento debe aportarlo el consumidor, pues por amplia y detallada que sea la información en el etiquetado su efecto no servirá de mucho si los consumidores no modifican sus hábitos alimenticios, los cuales dieron un drástico giro a raíz de la llegada de la primera trasnacional de comida chatarra al México moderno.

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta, con 32.4 por ciento, lo que es grave en nuestro país ante la desigualdad existente, debido a que factores económicos, sociales y culturales son determinantes en la salud de la población.

El Instituto Nacional de Salud Pública revela que en México 34 por ciento de la población infantil (entre 5 y 11 años), 35 por ciento de los adolescentes (12-19 años) y 71 por ciento de los adultos (mayores de 20) es afectada por sobrepeso u obesidad. El 90 por ciento de los casos de diabetes mellitus se relaciona con obesidad y sobrepeso, mientras que las muertes asociadas a esta enfermedad van en aumento en los pasados 26 años. Desde 2010 la Organización Mundial para la Salud identificó al exceso de oferta de productos densamente calóricos como la principal causa de la diabetes.

Se estima que la industria de alimentos y bebidas chatarra en el país registra ventas anuales no menores a 30 mil millones de dólares.

Las rebanadas del pastel

2 de octubre no se olvida.

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