e manera constante se habían impuesto los intereses de las grandes empresas a la hora de legislar en México sobre temas de verdadera protección al consumidor y de freno o castigo a prácticas comerciales dañinas para la salud colectiva. Mediante cabildeo entre diputados, senadores y altos funcionarios federales (y también entre versiones de entregas de dinero a esos detentadores de poder), más la desatención de medios de comunicación masiva irrigados con contratos publicitarios generosos, compañías especializadas en productos con alto contenido de sodio, grasas, azúcares y calorías habían logrado que la acción del Estado mexicano fuera insuficiente ante la crisis de salud que ha colocado a México en lo alto de la incidencia mundial de obesidad, diabetes y otras enfermedades derivadas del consumo de comida chatarra, bebidas gaseosas y azucaradas, entre otros productos tóxicos.

Ayer, sin embargo, la Cámara de Diputados, con la mayoría morenista como eje y una votación virtualmente unánime (445 votos a favor, ninguno en contra y sólo tres abstenciones), aprobó en lo general la etiquetación clara de los contenidos de muchos de esos productos. Falta el asentimiento del Senado, donde algunas veces se han estancado iniciativas positivas, pero adversas al interés de algunos partidos minoritarios. No es un logro a regatear, sobre todo si se toma en cuenta la presión de los representantes de las compañías líderes en esos rubros. Ahora, los consumidores podrán enterarse de los principales indicadores dañinos de lo que habrán de ingerir. Bastará leer el estampado frontal de las mercancías para saber el daño previsible.

Pero el tema no se agota en la citada etiquetación. Muchos mexicanos habrán de enterarse ahora de mejor manera del daño que no podrán evitar, pues la organización del sistema laboral y los sueldos alcanzables por las mayorías les convierten en rehenes de comidas rápidas y bebidas dañinas, expendidas en tiendas de conveniencia que permiten saciar lo inmediato sin tiempo para alternativas saludables. Sabido es, además, que la etiqueta podrá ser leída una y varias veces hasta convertirse en una abandonable rutina tragicómica y que usuarios habrá a quienes se les dificulte el entendimiento mediante la lectura.

En tales condiciones, reconociendo la importancia del etiquetado que se aprobó ayer, ha de decirse que son necesarias más medidas, no sólo del Poder Legislativo sino, en especial, del Ejecutivo. El gobierno mexicano requiere recursos suficientes para atender el grave problema social de la obesidad y la diabetes causadas de manera principal por panes, refrescos, botanas y otros alimentos chatarra que han generado enormes fortunas en firmas mexicanas y extranjeras.

El panista Diego Fernández de Cevallos, el empresario Carlos Ahumada y el litigante Juan Collado son algunos de los personajes públicos que fueron beneficiados con condonaciones fiscales, según los datos entregados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a Fundar, un centro dedicado, según se autodefine en su cuenta de Twitter, al análisis presupuestario, la transparencia, defensa y promoción de derechos humanos. Dicho centro de investigación y análisis peleó jurídicamente durante años para que le fueran proporcionados esos datos, lo que finalmente fue cumplido ayer por la oficina fiscal federal dirigida por Margarita Ríos-Farjat. La información disponible corresponde al periodo que va de 2007 a 2015, es decir, una parte de las administraciones encabezadas por Felipe Calderón y por Enrique Peña Nieto, durante las cuales se otorgaron esos perdones que en casos como los antes mencionados sugieren favores gubernamentales a cambio de favores políticos o judiciales de los beneficiados.

Y, mientras hoy se desarrollan marchas en varias partes del país y, especialmente, en la Ciudad de México, para recordar el 2 de Octubre, en un ambiente que busca que las manifestaciones sean pacíficas, sin violencia ni provocaciones, ¡hasta mañana!

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