a fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa de su coordinador, Mario Delgado, para regular el mercado de la mariguana a través de una empresa de propiedad estatal que se denominaría Cannsalud. De acuerdo con el documento, esta empresa pública tendría el monopolio de la compra de la cannabis y sus derivados a los productores, pero no se encargaría de la venta al público, la cual se realizaría a través de una red de franquiciatarios. Asimismo, se contempla el cultivo, cosecha, preparación o procesamiento hasta de seis plantas de mariguana para el consumo personal o doméstico no comercializable. Tanto la adquisición a través de las franquicias mencionadas como el cultivo se encontrarían restringidos, como resulta obvio, a los mayores de edad.

Por la complejidad del tema y los múltiples aspectos en que se despliega, la presentación de esta iniciativa requiere plantear varias consideraciones. En primer lugar, si bien resulta insuficiente al carecer de un abordaje integral de los enervantes que vaya más allá de la mariguana, cabe saludarla porque, de aprobarse, obligaría a todos los actores políticos y sociales a abordar el asunto de los estupefacientes de manera directa, abierta y frontal.

En lo jurídico, la propuesta Ley General para el Control de Cannabis sería un primer paso para resolver las paradojas y contradicciones existentes en la legislación actual, como es el sinsentido de que la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentre impedida por la Ley General de Salud a negar cualquier permiso para el uso lúdico de la mariguana, al mismo tiempo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la obliga a otorgarlos. Otra contradicción es que la ley prohíbe su producción, distribución y uso, pero establece el no ejercicio de la acción penal contra quienes posean dosis consideradas de consumo personal; es decir, que alguien puede tener una pequeña cantidad de drogas, pero es ilegal la cadena de intercambios para que lleguen a sus manos.

Otro aspecto positivo de la iniciativa es sacar a la mariguana de la lógica arbitraria empleada para justificar la prohibición de todas las sustancias referidas, a saber, el de los daños que éstas causan, a la salud física y mental de quien las consume, a su entorno inmediato y al conjunto de la sociedad: tal argumentación cae por sí misma, no porque los efectos adversos no existan, sino porque supone una incongruencia, al contrastarse con el carácter legal y normalizado de otras sustancias y actividades adictivas, cuyo consumo en grado de dependencia es lesivo para el organismo o para el entorno familiar y social.

Con todo, el mérito más importante del texto presentado ayer es que saca el asunto de la lógica mercantil con que lo han abordado los intereses corporativos y las derechas mundiales que hoy pretenden seguir lucrando con la despenalización de la cannabis: si se cediera a la lógica mercantil de estos agentes, la legalización de la mariguana o de cualquier otra sustancia daría paso a perversas presiones hacia un aumento sostenido de la demanda, elemento intrínseco a cualquier emprendimiento mercantil que de ninguna manera debería naturalizarse en el caso de estupefacientes cuyos daños son, como se dijo, innegables.

En el insoslayable ámbito de lo delictivo, la iniciativa aborda el beneficio que supondría para los esfuerzos de pacificación emprendidos por el actual gobierno despojar a la delincuencia organizada de esta fuente de ingresos, pero falla al desatender el riesgo de que tal golpe financiero a la criminalidad no redunde en su debilitamiento, sino en su migración hacia delitos de mayor impacto en la sociedad. En efecto, ya ha sucedido antes que, al perder su control sobre el trasiego de enervantes un grupo criminal se especialice en extorsiones, secuestros, robo a transporte de mercancías, entre otros, por lo que parece imprescindible abordar esta eventualidad y ofrecer respuestas antes de que se presenten consecuencias indeseadas e indeseables.