or conducto de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, el Estado mexicano ofreció ayer una disculpa pública por la feroz campaña represiva que el poder público desató en el país en las octava y novena décadas del siglo pasado.
Corrió a cargo de la primera pedir perdón en lo individual a Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, fue víctima de detención arbitraria el 19 de agosto de 1977, en Culiacán, Sinaloa, por elementos del Ejército, policías estatales e integrantes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Trasladados a las instalaciones de la novena Zona Militar, en la capital sinaloense, ella fue torturada durante 49 días, obligada a parir en condiciones infrahumanas e indignas y forzada a presenciar la tortura y la ejecución extrajudicial de su pareja, cuyo cuerpo nunca fue hallado.
Por esas atrocidades, emblemáticas de la guerra sucia lanzada por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo contra disidentes e integrantes de grupos guerrilleros, Sánchez Cordero comprometió ante la víctima y su hijo nacido en prisión la voluntad del Estado, a garantizar la reparación integral de los daños y a aplicar las medidas necesarias para impedir que acciones criminales como las referidas se repitan en perjuicio de ninguna otra persona. Asimismo, la funcionaria hizo énfasis en el componente de género de la violencia de Estado, la cual, en el caso de Camacho Loaiza se manifestó en torturas sexuales y violencia obstétrica.
La víctima, por su parte, lamentó, con razón, la ausencia de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ceremonia. Esa institución, dijo, perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometió en esa época
, pues los crímenes fueron perpetrados en una instalación castrense.
A su vez, Encinas Rodríguez formuló una disculpa general a los cientos de víctimas de la guerra sucia, caracterizada por prácticas de contrainsurgencia, detenciones, desapariciones y torturas a cientos de hombres y mujeres
que evidenció a un régimen dispuesto a todo para eliminar cualquier intento de oposición y discrepancia
. El titular de Derechos Humanos de Gobernación se comprometió, en nombre del gobierno, a indagar los crímenes de ese periodo oscuro para llevar justicia y verdad a las víctimas.
La ceremonia deja sentimientos encontrados: es desolador, por un lado, que hayan debido transcurrir más de cuatro décadas y ocho sexenios para que la institucionalidad del país empiece a responsabilizarse por los innumerables y gravísimos abusos perpetrados en el contexto de la guerra sucia. Pero, al mismo tiempo, el acto introduce en el panorama nacional una nota de esperanza de transformación real y de fondo, marca un deslinde inequívoco con respecto a los gobiernos del régimen anterior y ofrece una rúbrica de autenticidad a los propósitos de respeto a los derechos humanos por parte de la Cuarta Transformación.
Ésta tiene por delante, sin duda, una tarea enorme en materia de esclarecimiento, justicia, reparación y garantía de no repetición, no sólo ante las atrocidades perpetradas en los sexenios de Echeverría Álvarez y López Portillo, sino también ante las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas en los gobiernos de Carlos Salinas (asesinatos de opositores), Ernesto Zedillo (contrainsurgencia en Chiapas y masacres de campesinos como las de Aguas Blancas y Acteal), Vicente Fox (represión en Lázaro Cárdenas, San Salvador Atenco y Oaxaca), Felipe Calderón (guerra
contra las drogas y proliferación de la violencia militar y policial en contra de la población) y Enrique Peña Nieto (masacres de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlán y otras, además de la barbarie perpetrada en Iguala en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa).
El gobierno ha dado el primer paso. La sociedad debe acompañar e impulsar este arduo proceso, indispensable para construir una paz auténtica y una reconciliación nacional perdurable.
