Se inhibe a nuevos competidores
Martes 24 de septiembre de 2019, p. 18
Una regulación fuerte en materia de telecomunicaciones para México convive con autoridades conservadoras
que tienden a no intervenir a fin de frenar prácticas monopólicas en el país, consideraron María Elena Estavillo y Elisa Mariscal, especialistas del sector.
Las autoridades conservadoras tienden a no intervenir, a esperar, a ver qué está pasando, a ver qué hacen otros y en esa espera se les puede ir el mercado
, expuso Estavillo, quien hasta este año fue comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Durante el panel Competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. Disrupción tecnológica y neutralidad en redes, realizado en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), abundó que la experiencia en México y en otros países exhibe que se ha inhibido la competencia por omisión
.
Sin la suficiente regulación a las empresas ya consolidadas se impide el paso a nuevos negocios en el mercado de las telecomunicaciones. Al equivocarse, las autoridades dan el mensaje al mercado de que no hay espacio mas que para los grandes competidores
, consideró.
Elisa Mariscal, integrante del Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia Económica del CIDE, destacó que lo natural sería que la regulación en México fuera menos laxa si se parte de que históricamente fue un mercado en pocas manos.
Si México viene de un camino de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión de extrema concentración y prácticas anticompetitivas, lo lógico es que la política de competencia sea mucho más activa, precisamente por el sesgo que ha ocurrido en ese sector, y eso no está pasando
.
Añadió que tal es el caso, que las autoridades no han echado mano de medidas cautelares para mediar entre los competidores, algo que es altamente riesgoso cuando se tienen este tipo de concentraciones
.
Sobre todo porque las actuaciones de los competidores tradicionales pueden ser anticompetitivas
, ello lleva a que en algunos casos se metan procedimientos contra nuevos agentes que tardan hasta año y medio en resolverse.