as entrevistas de Lula a los medios brasileños e internacionales consolidan la versión de que se trata de una condena sin pruebas, de una persecución política al ex presidente de Brasil y de que él es un preso político. No sólo eso, también que la historia política de esa nación sudamericana fue distorsionada por la decisión de impedir que Lula fuera candidato a la presidencia, elección en la cual, según todas las encuestas, él sería elegido mandatario del país en primera vuelta. Asimismo, el candidato lanzado por Lula, Fernando Haddad, habría triunfado de no ser por la monstruosa campaña de fake news, con escandalosas mentiras propagadas por medio de robots.

Desde el golpe sin razones constitucionales en contra de Dilma Rousseff, relegida presidenta de Brasil en 2014, se fue poniendo en práctica la guerra híbrida, el nuevo tipo de golpe, la estrategia actual de la derecha a escala internacional, basada en la guerra de la leyes, en la judicialización de la política y en la persecución política de líderes democráticos. Una guerra que tuvo continuidad en la prision y el impedimiento ilegales de la candidatura de Lula y desembarcó en la farsa de la elección de Bolsonaro.

La justicia para Lula no es sólo reparar las injusticias que se cometen en su contra. Es denunciar la farsa de la Lava Jato –reiteradamente comprobada por las revelaciones hechas por Intercept Brasil–, desenmascarar su falso combate en contra de la corrupción, procesar, acusar y condenar a quienes la pusieron en práctica para ponerse al servicio de la ruptura de la democracia, de la destrucción del patrimonio público brasileño en favor de los intereses de Estados Unidos, la liquidación de las políticas sociales de los gobiernos del PT y de los derechos de los trabajadores.

Como resultado de la Lava Jato, Brasil tiene el gobierno más desprestigiado de su historia en el plano internacional, el presidente más ridiculizado dentro y fuera del país, que más declaraciones ridículas emite todos los días, que desprestigia el cargo que tiene, mientras promueve la recesión y mantiene a 14 millones de personas en el desempleo.

Mientras tanto, la imagen de Lula sólo crece dentro y fuera de Brasil. Incluso personas que se habían dejado llevar por las acusaciones de corrupción que habrían involucrado a Lula, ahora se dan cuenta –informados acerca de las condiciones jurídicas y políticas de su condena– de que el ex mandatario es absolutamente inocente, que no hay un centavo indebido en sus cuentas, que su proceso es político. Que él fue condenado no por pruebas, sino por convicción. No hay derecho que no se apoye en pruebas.

Lula reafirma, por todo ello, que sólo saldrá de la prisión con su inocencia reconocida. No acepta acogerse a ningún otro mecanismo, ni siquiera la prisión domiciliaria, a la que tendría derecho a partir de octubre, porque significaría reconocer la condena y apelar a lo que tiene derecho un condenado después de cumplir la sexta parte de la pena. Lula no reconoce la condena: sólo acepta salir absolutamente inocente.

Posibilidades que no se veían antes podrían ocurrir. Las revelaciones de Intercept desmienten uno de los más grandes absurdos judiciales de Brasil: que el Supremo Tribunal Federal (STF) haya declarado, en reiteradas ocasiones, que el juez Sergio Moro sería no apto para juzgar a Lula. Después de denuncias que lo comprometen, pues se revelaron conversaciones que confirman fehacientemente que el ministro de justicia y los otros jueces de la Lava Jato han actuado de forma mancomunada políticamente, incluso falsificando datos, para condenar a Lula sin pruebas, como una operación de carácter político.

El clima se ha vuelto insosportable para el STF, que no puede mantener la supuesta postura de Moro; lo que pasa es que, si acaso el tribunal tiene el valor y lo declara no apto, simplemente anulan todos los procesos que él ha comandado en contra de Lula, quien saldría libre. Hay dos decisiones a tomar en las próximas semanas o meses sobre ese tema.

Mientras tanto, el gobierno se desgasta, pelea de manera cada vez más dura con los mismos medios, vacila en ir o no ir a presentar el discurso inaugural en la Asamblea General de Naciones Unidas, con el riesgo de manifestaciones de repudio dentro y fuera de la ONU, y deja el país sin gobierno, preocupándose más de obtener los votos para que el hijo de Bolsonaro pueda ser embajador en EU y hacer maniobras para que sus otros dos vástagos puedan escapar de los procesos por corrupción.

Ese es el Brasil en el que la persona que debiera estar presidiendo el país se encuentra en prisión, a pesar de ser inocente, mientras el que está en la presidencia debería estar preso.