El Valle del Yaqui, un modelo
de agricultura insostenible

Los matachines. Pablo Sánchez Pichardo

Jaime Cuevas Doctorante en Desarrollo Rural, UAM-X

Quizá no existe mejor manera de conocer el modelo de desarrollo agrícola que se impulsa en el Valle del Yaqui que visitar el centro de control hídrico de alta tecnología desde donde se  opera el Distrito de Riego 41. Es como estar en un país desarrollado y entender una parte del modelo que por años se ha impulsado en esta región; ha servido de ejemplo a seguir para los gobiernos mexicanos desde la década de los ochenta.

Pero, ¿qué hay detrás de este modelo?, ¿por qué aquí sí ha resultado exitoso y no en otras regiones del país?, ¿este modelo es pertinente y replicable para otras zonas? Las preguntas anteriores me llevaron a investigar, a partir de una respuesta que me llamó la atención en la presentación sobre el funcionamiento del distrito de riego y su sistema de gestión financiera: “aquí el productor pone la mitad del recurso y la otra mitad el gobierno”, nos decía uno de los ingenieros que coordinan la operación del distrito de riego.

Es verdad y parece que por ahí esta la clave del “éxito”. Al menos en las pasadas tres décadas esta región ha sido impulsada casi por tradición como el ejemplo de modelo de producción agrícola en México, y los distintos gobiernos neoliberales han destinado miles de millones de pesos para colocarla en el lugar donde ahora está y presentarla como el ejemplo más acabado de competitividad agrícola. Sin embargo, el tan pregonado desarrollo agrícola de esta región se ha modelado a costa de restringir el presupuesto hacia el campo de muchas regiones en el centro y sur del país y eso también es una triste realidad. Los datos no mienten y son de acceso público, tan solo dos ejemplos sirven de ilustración, pero no son los únicos.

La política de apoyo a la producción se encuentra altamente concentrada en el financiamiento que se brinda a muy pocos estados y productores: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas concentran el 41.8% de apoyo al campo y generan el 30.4% del valor de la producción, aunque juntos aglutinan sólo el 9.2% de los productores a nivel nacional (Fundar, 2017). La desigualdad en el campo mexicano se expresa en un dato contundente: a mayor cantidad de tierras mayor es el presupuesto, así tenemos que en el norte del país un productor con 27.6 has. en promedio recibe $100,000 pesos anualmente de subisidio, mientras que en los estados del centro y sur, un productor medio con 10.8 has. puede recibir $19,000 pesos e incluso menos, dado que las superficies de la pequeña agricultura en la mayoría de los casos no rebasa las 5.5 has.

A nivel nacional tan solo el 10% de los productores mas grandes concentran: 80% de apoyos a la comercialización, 60% de los subsidios energéticos e hídricos; 55% de los apoyos para la adquisición de activos de los programas de desarrollo rural y 45% del Proagro. En el año 2016, por ejemplo, siete entidades -entre ellas Sonora- sumaron 29.3% de las Unidades de Producción y ejercieron el 41.2% del presupuesto de la Sagarpa (Fundar, 2017).

Otro ejemplo revelador es que entre 2003 y 2013 aumentó el subsidio gubernamental a la extracción de agua para riego, así los agricultores más ricos recibieron el 53.7% del monto total, y cada usuario en el mayor nivel recibió hasta $409,000 pesos anuales de subsidio, frente a los $113 pesos que recibió en promedio un pequeño productor con agricultura de riego ubicado en el nivel más bajo, esto demuestra lo mucho que se tiene que trabajar para revertir la enorme desigualdad que existe en el campo mexicano.

En la pasada administración el financiamiento al campo se concentró en los estados del norte del país; solo el 10% de los pequeños productores tenían apoyo gubernamental y el 12% asistencia técnica, lo anterior evidencía su abandono y exclusión. Los grandes productores del norte del país se quedaban con todos los recursos y apoyos gubernamentales; y sin embargo, su producción no es suficiente para alimentar a la población en México y mucho menos para pagar sus altos costos de producción, de ahí que necesitan del subsidio público para existir, haciendo de éste un modelo productivo financieramente insostenible (Robles, 2018).

Aunado a ello, el “exitoso” modelo del Distrito de Riego en el Valle del Yaqui promocionado como el más desarrollado del país, altamente productivo, tecnificado y generador de divisas, con cultivos intensivos (principalmente trigo) y un uso indiscriminado de agroquímicos (Quintanar, 2013), esconde serios problemas ambientales que difícilmente serán expuestos por sus promotores, de ahí que se requieren estudios independientes y especializados que evalúen su misión de “preservar las aguas concesionadas… y el uso eficiente y sustentable del recurso” que dicen atender en su actividad agrícola.

Por un lado está el acelerado agotamiento del agua en el subsuelo, resultado de la extracción indiscriminada de alrededor de 150 pozos de bombeo que actualmente operan, aunado al aporte de las tres presas  existentes en la Cuenca del Río Yaqui (Angostura, Novillo y Oviáchic), y que suministran líquido para las 248,000 has de cultivos, a través de una red de 3,400 km de canales de los cuales solo el 30% se encuentran revestidos. La sobreexplotación y la elevada demanda para consumo agrícola y humano han empezado a generar una crisis hídrica que ha agudizado el conflicto social por la lucha del agua entre la ciudad de Hermosillo y los productores del Valle del Yaqui que se oponen a la construcción del Acueducto Independencia.

Otro problema que no se ha visibilizado lo suficiente y no existen estudios recientes y profundos, son las miles de toneladas acumuladas de desechos de agroquímicos mezclados con residuos orgánicos que fluyen por las aguas contaminadas a través de los cinco drenes que desembocan en la Bahía del Tóbari, afectando la actividad pesquera de cientos de familias del municipio de Benito Juárez, Sonora; las comunidades asentadas en la zona costera están pagando los costos de este modelo de agricultura que pone en riesgo no sólo la actividad pesquera de la que depende su sobrevivencia, sino sobre todo, arriesga su salud y ha colocado en estado muy crítico la flora y fauna de este lugar que décadas atrás fue una importante y rica zona pesquera de singular belleza paisajística.

En términos sociales, la violación a los derechos laborales y sociales de los jornaleros y jornaleras agrícolas asentados en comunidades semiurbanas en Sonora, muchas de ellas creadas para concentrar ahí a la población de miles de migrantes agrícolas provenientes del sur de México o que viven en las colonias periféricas  de algunas ciudades como Hermosillo, Obregón o Guaymas, son el resultado de un modelo productivo que merece atención por lo impactos sociales y económicos que se expresan en la precarización de las condiciones de vida de miles de familias, pero que sostienen con su mano de obra la actividad agropecuaria en Sonora.

Yaqui de Lomas de Bacum. Jaime Cuevas

El presupuesto que actualmente se destina al campo en Sonora es el referente y la expresión más clara de la desigualdad y el desdén hacian los pequeños productores de México, pues a pesar de las políticas públicas que no promueven el desarrollo de la agricultura a pequeña escala, el presupuesto destinado a ella no se correponde con el aporte de este sector, que genera 39% de la producción agropecuaria nacional, y  tampoco a su importancia laboral, dado que 3 de cada 4 empleos en el sector agropecuario nacional son generados por la pequeña y mediana agricultura.

Frente a todo ello, el poder económico y político que han alcanzado los grandes productores en Sonora, especialmente de los distritos de riego del Río Mayo y Valle del Yaqui, les permite tener fuerza para hacer interlocución directa con el gobierno federal y exigir mesas de diálogo para colocar sus demandas.

Por lo expuesto, es obligado preguntar: ¿es conveniente para el país seguir financiando un modelo a todas luces insostenible financiera, ambiental y socialmente? Responder esta pregunta resulta indispensable e impostergable, porque un país tan desigual y a la vez diverso como México no puede seguir con la misma política pública para robustecer algunas regiones agroproductoras del norte, a costa del abandono y la miseria de amplias regiones rurales en el centro y sur del país.

Es fundamental evaluar seriamente la sustentabilidad económica, ambiental y social de todos los sistemas productivos del país y considerarse un indicador más en el diseño de las políticas públicas y la distribución del presupuesto hacia el campo.

Es necesario y urgente generar nuevos criterios que definan la manera en cómo se distribuyen los presupuestos al campo de manera más justa y equitativa, hacerlo no sólo sería un acto de justicia histórica con las comunidades rurales y las poblaciones campesinas que han alimentado y sostenido este país, sino implicaría generar las condiciones básicas para el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y ambientales de las comunidades campesinas e indígenas que cohabitan amplias regiones rurales; reconocer a quienes las habitan como los creadores y defensores de la diversidad en los sistemas agroalimentarios y parte de nuestra riqueza biocultural; significaría iniciar un camino diferente e incluyente, y dar señal clara de que realmente aspiramos a reconstruir nuestro país empezando por dignificar el México profundo.

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