Jornaleros agrícolas en el noroeste:
todo por hacer

Carmen Arellano, Eduardo Calvario, Emma Paulina Pérez, Martha Elena Márquez 

Familias jornaleras, entre la explotación y la desprotección.

Condiciones de vida de jornaleros agrícolas de Sonora

El abordaje de los problemas del campo mexicano requiere de visiones interdisciplinarias y multifacéticas, donde confluyan las miradas de actores desde diversos ámbitos para integrar diagnósticos y propuestas para mejorar la calidad de vida y el desarrollo sustentable. Abordar los problemas del campo mexicano es un asunto de seguridad nacional, seguridad alimentaria y soberanía.

El objetivo de este texto es aportar algunas de las visiones que, desde el trabajo colectivo, se han integrado con el fin de visibilizar y agregar a la agenda pública, algunos de los retos que desde el campo surgen, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida y laborales que millones de trabajadores agrícolas y sus familias enfrentan día a día en nuestro país. Nuestra aspiración es que el nuevo gobierno federal hagan suyas estas demandas de justicia social.

En junio de 2018 académicos y organizaciones civiles elaboramos un pronunciamiento sobre la situación de vida de las y los jornaleros agrícolas en el país, con la idea de poner el tema en la mesa de discusión política y de cara a las elecciones presidenciales. Acompañamos dicho pronunciamiento con una rueda de prensa y entrevistas en la ciudad de Hermosillo, lo cual generó un efecto mediático local, pero reconocemos la necesidad de posicionar el tema en la agenda política nacional, para construir diálogos y visibilizar a poblaciones vulnerables en México, como son los hombres y mujeres migrantes contratados como trabajadores asalariados en modernas  empresas agrícolas.

En el pronunciamiento intentamos mostrar las condiciones lacerantes de vida de esta población y las múltiples violaciones a su dignidad y derechos humanos. Se trata principalmente de migrantes internos provenientes de zonas rurales del sur-sureste y centro  del país, quienes al ver disminuidas las posibilidades de vivir del campo, migran y se insertan en el mercado de trabajo de la agroindustria de exportación del noroeste.

Desde mediados del siglo XX, valles y llanuras semidesérticas del litoral sonorense se convirtieron en el asiento de un gran proyecto de modernización agrícola impulsado por  el Estado. En él intervinieron grupos de poder local y federal en alianza con una nueva burguesía agraria.  A la par de la expansión de la agricultura de riego altamente tecnificada, creció la demanda de fuerza de trabajo. La región se convirtió en zona receptora de población jornalera. La modernización ha beneficiado a una élite empresarial pero no a grupos mayoritarios de jornaleros, campesinos sin tierra, ejidatarios y colonos.

Actualmente en diversas zonas del estado podemos encontrar ejemplos de las condiciones materiales y simbólicas que violentan la vida de los trabajadores agrícolas: inician desde los lugares de origen con procesos de enganche y contratación que distan mucho de protegerles física y laboralmente. Las condiciones de  traslado hacia los campos agrícolas son un riesgo en sí mismo y las  noticias trágicas aparecen en los medios de comunicación continuamente sin que hasta ahora se regulen legalmente las condiciones mínimas de seguridad para el recorrido. En las comunidades cercanas a los campos agrícolas donde habitan, la historia continúa y  coloca a muchos de ellos en la línea de pobreza alimentaria, además de que los asentamientos son zonas de alta marginación, debido a la carencia de servicios básicos como agua potable o electricidad. Dichas condiciones se replican en diferentes zonas del país. Un ejemplo es el asentamiento cercano a las zonas agrícolas, el Poblado Miguel Alemán (PMA), perteneciente al municipio de Hermosillo, formado desde los años sesenta y el cual ha sido foco de atención debido a los agudos problemas sociales que se han producido durante décadas.

Existen importantes zonas agrícolas en el país que ameritan políticas que impulsen el desarrollo regional no solo desde el punto de vista de los grandes capitales sino de los desarrollos locales que mejoren la calidad de vida de la población. En Sonora existe un aproximado de 100 mil trabajadores agrícolas demandando vivienda, educación, servicios de salud, seguridad, etcétera. Algunos viven en los campos agrícolas en las “galeras”, mientras que otros deciden salir y asentarse en las comunidades cercanas a estos.

Como ejemplos tenemos la Costa de Hermosillo, San Miguel de Horcasitas, Caborca, el valle de Empalme-Guaymas, los cuales albergan cientos de campos y viñedos agrícolas que   emplean a miles de mujeres y hombres adultos, e incluso menores de edad, como jornaleros agrícolas. Si bien se han diseñado políticas de colaboración con el empresariado agrícola para asegurar la estancia dentro de los campos, en las “galeras” (dormitorios compartidos), los baños y los comedores generalmente se construyen siguiendo las condiciones mínimas impuestas por la ex Secretaría de Desarrollo Social y por empresas certificadoras para exportación. Aunque se han logrado mejoras e incluso en Sonora hay campos modelos de responsabilidad social, que cuentan con canchas deportivas, guarderías, atención médica y escuelas, esto ha sido insuficiente para atender las necesidades básicas y las condiciones mínimas para una vida digna para la población jornalera.

Escasa vigilancia de las condiciones en que se realiza el trabajo agrícola. Angel Morales Rizo

La salud es un tema muy sensible en estas localidades: hay dificultades para acceder a los servicios de salud, desde la atención primaria hasta la especializada. Los empresarios han desarrollado estrategias para evadir el cumplimiento de este derecho, como es atender emergencias de jornaleros o jornaleras en clínicas privadas o en hospitales públicos. En el caso de las mujeres, durante la última parte del embarazo, son “descansadas” por los patrones, quienes les otorgan la oportunidad de regresar a los pocos meses del parto sin derecho a salario durante este tiempo. Esto muestra la escasa vigilancia de las condiciones en que se realiza el trabajo agrícola, cuya eventualidad posiciona a hombres y mujeres asalariados en situaciones de mayor vulnerabilidad. Otra estrategia empresarial es solicitar la adscripción al Seguro Popular previo al ingreso al trabajo, como una forma de asegurar que se cuenta con un servicio médico, mientras evaden la afiliación a los sistemas de seguridad social y salud y con ello, se diluye la posibilidad de contar con una pensión para el retiro o atención por enfermedades que el Seguro Popular no cubre. Las reformas de 2015 del IMSS dan cuenta de los candados legales que parecen favorecer más a los empresarios que a quienes trabajan para ellos, al aumentar el número de semanas cotizadas para poder ser afiliados. Esto reproduce la percepción de ser trabajadores sin derechos, sustituibles, de segunda.

La situación se torna dramática si consideramos las condiciones climáticas de la región, sobre todo, las altas temperaturas del verano sonorense. La exposición a rayos solares y temperatura de más de 40°C producen cuerpos cansados, amén de los aumentos en la temperatura relacionados con el cambio climático. Los problemas de salud entre esta población van desde las deshidrataciones y diarreas por el clima cálido, hasta la muerte por golpe de calor. A esto se suma el consumo de drogas entre población jornalera, sobre todo los jóvenes. Otros viven procesos crónicos de enfermedad, como diabetes, hipertensión y reumatismo, cuya atención se vive como un asunto de responsabilidad individual y no como un problema de salud pública que requiere la confluencia de sectores públicos y privados. El tema de la salud mental es aún más invisible. Además, es necesario considerar los riesgos no medidos íntegramente a la fecha en el campo mexicano, en torno a la exposición de los jornaleros agrícolas a los agroquímicos, pesticidas y plaguicidas, para lo cual debe contarse con datos precisos y transparentes.

En junio de 2018 medios de comunicación dieron a conocer el caso de la muerte de un jornalero (presumiblemente) en las afueras del Hospital General del Estado de Sonora, en Hermosillo. Falta de atención oportuna y las altas temperaturas aceleraron sus afecciones. Ya en 2015 se documentaba la muerte de otro jornalero en Guaymas. Las endebles condiciones de salud, la desprotección de seguridad social, el clima extremo junto al trabajo arduo, producen estas muertes silenciosas.

La 4T y la población jornalera

Con el nuevo gobierno, que ya cumple un año al frente del país, es importante mencionar el compromiso de López Obrador. Como candidato, ofreció impulsar algunos programas para jornaleros agrícolas y establecer zonas de atención en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Entre las líneas de acción están: mejorar las capacidades técnicas y la productividad de los jornaleros; mejorar la infraestructura de vivienda y servicios para jornaleros y sus condiciones de vida; eliminar al menos el 90% de mano de obra infantil; favorecer la inserción laboral de jornaleros repatriados. En el programa se menciona el tema de nutrición y salud dirigido a hijos de jornaleros. En dicho programa no se hace alusión a los mecanismos legales para el acceso a los servicios de seguridad social y de salud. Es pertinente poner en la agenda la discusión en materia laboral, de ciudadanía, de derechos humanos y de género tendientes a una política social incluyente, en la cual se expliciten los mecanismos de operación para el ejercicio real de los derechos.

La pobreza y la desprotección social y de salud acompañan a la población jornalera hasta la edad adulta.

Por una agenda social incluyente

La documentación de diversos casos de violación de los derechos humanos de mujeres y hombres que trabajan como jornaleros agrícolas refrenda la necesidad de visibilizar las condiciones laborales y de vida de esta población, tanto en los lugares de origen, tránsito y destino. Son ellas y ellos quienes empujan la economía agrícola en Sonora y México. Pero Sonora no forma parte de los estados incluidos en el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, por lo que reiteramos la necesidad de visibilizar las condiciones de esta población en el estado.

Es urgente articular las políticas laborales y sociales que posibiliten el acceso a condiciones de vida y de trabajo dignas, centradas en el trabajo justo y decente. También invitamos a una reflexión sobre el rescate del campo en los lugares de origen como alternativa productiva y de vida, reconocimiento los conocimientos y capacidades locales. Con el fin de la que migración y la inserción al trabajo agrícola asalariado no se viva como única opción frente a la precariedad. Esto requiere de una revisión profunda de las leyes agrarias que debilitaron la vida rural y campesina desde mediados del siglo pasado.

Es importante hacer visible las diferencias generacionales, de género y de etnicidad que vive la población jornalera; no se trata de una población homogénea, de ahí que las políticas públicas reconozcan la diversidad de necesidades y acciones en cada grupo en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva pluralista. Uno de estos grupos son las mujeres que enfrentan distintas expresiones de violencia relacionadas con las desigualdades de género, tanto en los espacios domésticos como el acoso en el ámbito laboral. Los hombres por su parte se exponen a riesgos, como la violencia social relacionada con el consumo de drogas. También se hace necesario definir mecanismos de protección de la infancia en condiciones de migración y la participación en el trabajo agrícola.

Entre las acciones urgentes de atender están la vigilancia y seguridad en los traslados entre los lugares de origen y de tránsito; realizar padrones de población jornalera para su caracterización e identificación, así como un registro de contratistas y empresas agrícolas que promueven la movilización hacia los campos; coordinación con el Instituto Nacional de Migración para evitar detenciones o discriminación en los lugares de destino; reconocer la diversidad cultural y lingüística de la población jornalera; impulsar la cultura y el deporte como medios de prevención de la violencia y el consumo de estupefacientes; definir mecanismos para la vigilancia en el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, incluyendo seguridad social, prestaciones sobre vivienda, retiro y cuidado a la salud física y mental. Estas acciones requieren la confluencia de diversos organismos, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaria de Educación y Cultura, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía.

La implementación de las políticas hacia grupos vulnerables tiene que ser integral, abarcar lo personal, familiar y comunitario; de ahí la importancia de impulsar el desarrollo de las localidades receptoras como el Poblado Miguel Alemán en el distrito de riego de la Costa de Hermosillo, ejidos circundantes y otros asentamientos en Sonora, así como en otros estados del país.

Desde la academia y las organizaciones civiles reconocemos la necesidad de construir en conjunto con los distintos poderes y mediante el establecimiento de ejes transversales, los mecanismos legales y de otros órdenes que posibiliten el acceso a condiciones dignas de vida de los jornaleros agrícolas, reconocer su derecho a migrar y a trabajar, en las cuales se privilegie el cumplimiento de los derechos humanos, reconociendo a mujeres y hombres como ciudadanos de primera. Debemos ser capaces de revalorar que son los trabajadores agrícolas quienes hacen posible que los alimentos lleguen a nuestros hogares en México y otros países a donde se exportan.

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo